La crisis del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo foco de conflicto político e institucional a pocas horas de que venza el plazo para garantizar el servicio en las calles.

Tras conocerse el dictamen de una medida cautelar judicial que declara la esencialidad del servicio y obliga a la actual prestataria a continuar operando por seis meses, la oposición salió a cruzar el pedido de emergencia impulsado por el Poder Ejecutivo, tildándolo de innecesario y arbitrario.

La concejal del bloque ‘Despierta Comodoro’, Ximena González, expuso al aire por Radiocracia las contradicciones de la gestión local de cara a la sesión extraordinaria convocada para tratar la problemática. 

“Yo me acabo de enterar de la medida cautelar y un poco lo que ustedes saben, que se dio por seis meses declararlo como esencial, que eso se entiende, pero bueno, hay que ver cómo se va desarrollando”, planteó la edil, remarcando que si el objetivo principal de la intendencia fuera netamente asegurar que los colectivos sigan circulando el primero de junio, la orden del juez penal ya es suficiente para lograrlo.

Una emergencia de un año y el rechazo a las contrataciones directas

Para la legisladora, el trasfondo de la iniciativa del Ejecutivo va más allá de sostener la conectividad de los usuarios. Según detalló, el proyecto del Municipio estipula un plazo de 180 días con opción a prórroga por un periodo idéntico, configurando una emergencia de un año completo. 

“¿Dónde habilita al Ejecutivo un cheque en blanco? Para que haga absolutamente lo que quiera, para que haga contrataciones directas, para que utilice todos los medios necesarios que crean para asegurar el servicio”, advirtió con preocupación.

González diferenció los alcances de ambas herramientas legales. Mientras que la cautelar congela el esquema actual para evitar el corte de la prestación, “la emergencia, la diferencia, es que autoriza al Ejecutivo a asegurar el servicio a través de los medios que ellos consideren”. En ese sentido, denunció que la falta de previsibilidad alimenta una ola de incertidumbres en la comunidad: “Se hablan de muchos rumores, podría ser una prórroga o una contratación directa con Patagonia, con otra empresa, con transportes de… de transportes de como taxis, remises, o sea, se habla de un montón de cosas. Son dos cosas totalmente distintas y tienen el mismo objeto, que es asegurar el servicio”.

La concejal apuntó de forma directa a la intencionalidad política del gobierno local tras el fracaso de la transición contractual. “Si tenemos la emergencia mañana, la sesión extraordinaria mañana y votamos la emergencia, ahí se van a dar las intenciones del Ejecutivo, si lo único que quería era un cheque en blanco para hacer lo que quiera o realmente su intención es asegurar el servicio”, disparó. Asimismo, lanzó una dura acusación sobre el manejo de la crisis: “Como vienen manejando las cosas, yo entiendo que no les importan los comodorenses, no les importa el usuario que utiliza el transporte público, no les importan los trabajadores ni los estudiantes ni la gente que necesita el servicio. Si no, no hubiéramos llegado a esa instancia”.

Críticas por la falta de previsibilidad y “seguridad jurídica”

Al evaluar los antecedentes del conflicto, la abogada y concejal recordó que las gestiones anteriores también esquivaron el problema de fondo. “El Ejecutivo nos llevó a esto, las gestiones pasadas nos llevaron a esto, porque la realidad es que en la gestión de Juan Pablo se tendría que haber hecho un pliego y también se hizo una prórroga para pateárselo al próximo intendente”, fustigó. No obstante, cargó con mayor fuerza contra la actual administración por haber dilatado los plazos de manera alarmante. “Hoy este intendente tenía un pliego licitatorio, se tomó un año y nos llevó a esto. 12 días antes decide no firmar el contrato”, cuestionó, haciendo alusión a la firma pendiente con la firma MR, que según estimaciones técnicas podría empezar a operar en 30 días si se regulariza el marco legal.

Esta volatilidad institucional, según González, daña severamente el perfil económico de Comodoro de cara al sector privado. “La verdad que hay muy poca seguridad jurídica en relación a la intendencia, en relación a un Ejecutivo que no cuida las inversiones que puedan llegar a venir a nuestra ciudad”, argumentó. La edil vinculó este escenario con los planes de desarrollo local a largo plazo: “Vos imaginate que queremos que la gente venga a invertir a Comodoro, queremos hacer una reconversión productiva, queremos apostar al turismo y demás, y de repente no hay seguridad jurídica. ¿Qué empresa va a venir a invertir a la ciudad si el intendente un día te dice que sí, su secretario de gobierno también, y al otro día no, yo no te firmo nada?”.

Freno a las facultades directas en la emergencia del Cerro Hermitte

Durante la entrevista radial, la legisladora de ‘Despierta Comodoro’ también se refirió a otra de las medidas excepcionales vigentes en la ciudad: la emergencia geológica por el corrimiento del mencionado Cerro. González confirmó que el bloque parlamentario prestó el aval para una prórroga de seis meses hasta fin de año, pero bajo un esquema de restricciones severas debido a las irregularidades detectadas en las auditorías de gastos.

La decisión de acotar los poderes especiales de las secretarías se tomó tras una infructuosa reunión de comisión con funcionarios municipales. 

“Nosotros estuvimos reunidos con el Ejecutivo, si bien no vino el secretario (Fernando) Ostoich, y Ángel Rivas cuando vino no trajeron los números de los gastos. Lo que limitamos es: ya no pueden hacer contrataciones directas, nos tienen que rendir o si no se cae la emergencia”, dictaminó con firmeza, argumentando que “estos meses en los que se trató la emergencia, nosotros no nos rindieron un peso de lo que se gastó. Algunas secretarías vinieron y dijeron ‘nosotros no tuvimos erogaciones, eran cuestiones administrativas nomás’. Así que bueno, dijimos, bueno, entonces empezamos a limitar un poco”.

Finalmente, aclaró que las restricciones presupuestarias no afectarán la asistencia social ni los beneficios destinados a los vecinos damnificados por los desprendimientos. “A los afectados les venimos asegurando lo mismo. Que puedan tener los subsidios, que puedan sacarles el tema del pago de los impuestos automotores, inmobiliarios, las gestiones con la SCPL, con Camuzzi, asegurarles lo que ya venía pasando”, concluyó, detallando que actualmente el Municipio avanza en la regularización de las entregas, la confección de un listado definitivo de beneficiarios y las certificaciones correspondientes para la posterior asignación de terrenos de recupero y viviendas.