Tras el desplazamiento de un cerro en Comodoro que destruyó casas, la concejal Luciana Ferreira dialogó con Radiocracia para defender a las familias y hablar particularmente de los vecinos de Mazaredo. Exigió soluciones concretas del Estado, como frenar notificaciones y un contacto directo con los vecinos.

Ferreira aclaró que “el tema excede quién otorgó los terrenos, además lo que dice el secretario (Bruno Hernández) no es cierto porque muchos de esos terrenos fueron otorgados incluso antes de la gestión de hoy día”.

En este sentido, criticó que en la situación de emergencia en que se encuentran los vecinos —recién perdieron sus casas y proyectos de vida por el desplazamiento del cerro— no se pueda aplicar el Código de Edificación como si fuera una construcción normal. “Se les está exigiendo a los vecinos el cumplimiento de medidas de seguridad, planes de mitigación y demás, y que el Municipio salga a exigir esto ahora es un montón”, enfatizó.

La concejal reveló que los vecinos están en contacto con asesores legales para interponer recursos administrativos y frenar las intimaciones. Además, en la sesión del Concejo Deliberante, el viceintendente se comprometió a intervenir para revisar estos requerimientos. 

Ferreira apuntó contra el secretario Bruno Hernández, quien defendió la aplicación del Código, pero insistió en que “no creo que el Código haya sido previsto para aplicarlo en esta situación extraordinaria de urgencia que implica el Hermitte”. 

“Acá hay que actuar con criterio: si yo tengo un Código de Edificación previsto para determinadas situaciones, yo no lo puedo aplicar a esta situación que tiene otras implicaciones y consecuencias. Todas estas medidas que se les pide, se les pide que las afronten a su costo y en plazos excesivos, difíciles o imposibles de cumplir”, argumentó.

Sobre el seguimiento de la emergencia geológica, Ferreira recordó que al aprobar la ordenanza que la declara, se estableció como condición que el Municipio informe mensualmente el destino de las reasignaciones presupuestarias autorizadas. 

“El informe mensual nunca se cumplió por parte del Ejecutivo, y nosotros aprobamos un pedido de comunicación donde se le exige al Poder Ejecutivo que cumpla con esa obligación que está establecida en la ordenanza de emergencia”, detalló. 

Además, presentaron un proyecto de ordenanza para establecer criterios de asignación de recursos, dado que “la situación de cada familia es disímil”, pero el oficialismo no lo trata. 

Finalmente, impulsaron la declaración como unidad pública del inmueble en el Km 3, que se está discutiendo en comisión con compromiso de avanzar.