En medio de la conmoción que generó el caso del niño Ángel, la abogada Victoria Juárez brindó un análisis sobre el funcionamiento del sistema de protección infantil y sostuvo que situaciones como esta “podrían haberse evitado” con un abordaje integral.

La profesional calificó el caso como “escalofriante y lamentable”, y remarcó que estos hechos requieren la intervención coordinada de múltiples actores institucionales.

“Creo que es algo terrible y sí creo que se podría haber evitado. Existen distintos dispositivos, distintas maneras y distintos abordajes. Es un trabajo interdisciplinario que involucra a muchos actores institucionales”, sostuvo en diálogo con Radiocracia. 

Juárez explicó que en este tipo de situaciones existe una corresponsabilidad institucional, ya que intervienen distintos organismos y profesionales a lo largo del proceso.

“Hay una corresponsabilidad de todos los factores que fueron interviniendo en la cadena por la que pasó a Ángel”, afirmó.

Uno de los puntos que destacó fue el valor de la palabra y las manifestaciones de los niños, especialmente cuando expresan temor o rechazo hacia determinados entornos.

“Es un principio fundamental que la opinión del menor tenga prioridad absoluta. No solamente lo que verbaliza, sino también lo que transmite con sus conductas, llantos, miradas y acciones”, explicó.

Según informó, estos indicadores deben ser tomados como alertas por parte de los operadores judiciales y los equipos técnicos.

La abogada también hizo referencia a la falta de recursos y la sobrecarga laboral que enfrentan los equipos técnicos interdisciplinarios, lo que genera demoras en la atención de los casos.

“Muchas veces se otorgan turnos que exceden los tiempos normales. Cuando eso sucede, las soluciones llegan tarde, cuando las cosas ya ocurrieron”, advirtió.

Además, señaló que actualmente se trabaja más sobre urgencias que en prevención.

“La realidad es que hoy no se está trabajando en la promoción ni en la prevención. Se llega tarde a las familias sin poder abordar las medidas ordinarias”, afirmó.

Juárez también remarcó que no es correcto atribuir la responsabilidad a un solo profesional dentro del sistema.

“No se puede apuntar a una sola persona. Los equipos se conforman por varios profesionales y las evaluaciones se realizan en forma conjunta”, explicó.

Asimismo, destacó que tanto el Poder Judicial como el Servicio de Protección de Derechos cumplen roles distintos, pero complementarios.

Finalmente, la abogada señaló que la falta de financiamiento y personal impacta directamente en la calidad del sistema de protección infantil.

“No hay presupuestos suficientes para sostener políticas públicas ni para atender a las familias. Evidentemente faltan operadores y profesionales, porque no dan abasto para atender todos los casos”, concluyó.