Un operativo conjunto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires permitió avanzar en la desarticulación de una red dedicada a la trata de personas, que trasladaba víctimas para su explotación sexual cada 15 días, dificultando así su rastreo policial.

La fiscal Verónica Escribano informó que la investigación que llevó al operativo “viene hace varios meses con algunas intermitencias porque estamos hablando de un grupo de personas oriundas de Buenos Aires que viajaban a Comodoro con mujeres víctimas de explotación sexual”. 

Detalló que el jueves 11 de septiembre se realizaron tres allanamientos simultáneos en ambas ciudades, destinados a obtener pruebas y detener a quienes integraban la organización.

“Como resultado, se detuvo a tres personas y se secuestraron teléfonos vinculados a la investigación”, explicó la fiscal. En la mañana del sábado se confirmó la legalidad de las detenciones y se ordenó prisión preventiva para dos de las imputadas. 

Además, siete mujeres fueron rescatadas en un inmueble del centro de Comodoro. 

Explotación 

La fiscal federal Verónica Escribano se refirió con cautela al delito de trata, señalando que “la percepción de ser víctima o no es muy delicada y debe tenerse mucho cuidado al respecto”. 

En este caso particular, indicó que “solo hubo una mujer identificada como víctima, ella misma autopercibida como tal, sin perjuicio de que se sigue trabajando en esto”.

Escribano añadió que la investigación ocurre “en el pleno centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia” y advirtió que “el número de víctimas va a ir creciendo sin dudas, a medida que se disipe el temor que pueden tener con respecto a estos hechos y puedan prestarse a declarar”.

Sobre el operativo, la fiscal confirmó que la organización funcionaba en un local ubicado en el centro de la ciudad, con “mucho caudal de clientes”. Relató que “en el momento de realizarse la diligencia, también había clientes”, aunque prefirió no revelar detalles precisos “por cuestiones de la investigación”.

Respecto a la modalidad del delito, explicó que “muchas de ellas, muchas veces, saben en qué vienen a trabajar, pero la modalidad ha ido cambiando para evadir condenas, disfrazándose bajo un supuesto alquiler de un inmueble y un pago diario por el mismo. Aunque esto no deja de ser un delito”.