Quedó aprobada la Ley de la diputada del PJ- FpV, Cecilia Torres Otarola para que se inhabilite por diez años a ocupar un cargo electivo a los funcionarios/as y empleados/as de la administración pública que resulten culpables de ejercer violencia institucional o laboral contra las mujeres. También la suspensión sin goce de haberes, por el termino de un año, para quienes tengan la responsabilidad de intervenir en dichas situaciones u omitan los procedimientos administrativos correspondientes.
La Secretaría de Trabajo será la autoridad de aplicación y tendrá un plazo de 45 días para la resolución de sumarios administrativos iniciados por causa de violencia institucional o laboral contra las mujeres en al ámbito de la administración pública.
Se especifica en otro de los articulados que el resultante de los sumarios administrativos por causa de violencia institucional o laboral, habilita la reclamación directa contra la Administración Pública de la indemnización equivalente a 12 sueldos como compensación, reservando la damnificada el derecho a iniciar acciones jurisdiccionales por otros daños y perjuicios, “en caso de recurrir a la vía jurisdiccional, la sanción para los responsables será la exoneración para los empleados/as y la inhabilitación perpetua para candidaturas a cargos electivos”.

Fundamentos

En los fundamentos, la diputada establece que la violencia contra las mujeres ha sido reconocida como una problema que afecta la igualdad y la paz y viola los derechos humanos.
Considera que los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia configura Violencia Institucional.
Otarola sostiene que actualmente los procedimientos administrativos para reclamos laborales referidos a Violencia Institucional y laboral estipulan plazos que lejos de aportar soluciones agravan la situación de indefensión de las víctimas.