Mientras Diputados se apresta hoy a votar el proyecto que crea un régimen de contratación e inversión público-privado, distintos sectores industriales salieron a alertar sobre la necesidad de que se incluya una cláusula de «compre argentino». Habrá que ver si el oficialismo toma nota acepta incluir cambios para dar media sanción y devolver el texto al Senado.

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) consideró que es «necesario introducir modificaciones para evitar las ventanas de conflicto que podría generar una excesiva discrecionalidad por parte de la administración y de las empresas adjudicatarias de las grandes obras a la hora de seleccionar quiénes y con qué criterios podrán competir a la hora de seleccionar proveedores de equipamiento».

El presidente de CADIEEL, Jorge Luis Cavanna, alertó que el proyecto de participación público-privada (PPP) es «una oportunidad perdida para poner en valor a las pymes» e instó a modificarlo para «transformarlo en una herramienta de desarrollo industrial competitivo.»

«Creemos que es muy importante fomentar inversiones privadas para impulsar el desarrollo de obras públicas de envergadura y que son necesarias reglas de juego claras y que las garanticen, pero estas obras serán pagadas por los argentinos y deben servir para poder desarrollar y consolidar una industria competitiva que genere trabajo para los argentinos. No pedimos subsidios, ni protecciones, sólo pedimos reglas claras y que nos dejen competir en igualdad de condiciones», explicó.

Por su parte, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) expresaron que ven con preocupación el proyecto de contratación, el cual obtuvo media sanción en el Senado el pasado 21 de septiembre.

En este sentido, el presidente de ADIMRA, Gerardo Venutolo, advirtió que «la principal preocupación reside en que los contratos PPP no contemplan la participación de la industria nacional, haciendo caso omiso de la normativa y el espíritu de la Ley de Compre Trabajo Argentino». Y agregó: «En consecuencia, el fomento de proyectos de inversión bajo esta modalidad implica perder el poder de compra del Estado como política estratégica para promover el desarrollo del sector metalúrgico nacional».

Desde la entidad manifiestan que, bajo las condiciones que se establecen en el proyecto actual, encomendar las compras y contrataciones estatales a capitales privados, en particular extranjeros, sin garantizar la participación nacional, la ley tendrá efectos nocivos sobre el sector de bienes de capital, empleador de más de 100 mil trabajadores. «Se trata de una de las industrias con mayor impacto en las economías regionales, por lo que se estaría poniendo en riesgo seriamente el desarrollo de un sector generador de valor agregado y empleo de alta calidad», destacó Venutolo.

Vía: ámbito.com