El diputado provincial por el partido Justicialista-Frente para la Victoria, José María Grazzini, propuso fijar un tope máximo del 4.15% del total del contrato de alquileres de inmuebles destinados a vivienda única familiar, lo que beneficiará a los inquilinos en que sea un monto máximo de un solo mes de alquiler como comisión para las inmobiliarias.
La propuesta la formalizó a través de un proyecto de ley presentado este martes en la legislatura Provincial, con el objeto de “tener un Estado presente para mejorar la accesibilidad de las familias chubutenses a la posibilidad de vivir bajo un techo digno”.
Grazzini detalló que el proyecto tuvo origen en “los recientes fallos de la Justicia en lo Contencioso Administrativo del fuero federal, que a partir del plexo normativo determinaron que los Corredores Inmobiliarios sólo pueden cobrar hasta el 4,15% del contrato de alquiler que celebren, en concepto de comisión en los casos de inmuebles destinados a vivienda única familiar”.
Su intención, según remarcó, “es producir un efecto positivo en la economía de las familias que, para ocupar un techo digno, deben ingresar al mercado de viviendas de alquiler”, lo que situó en el marco del “actual escenario económico generado por las políticas desplegadas por el Gobierno Nacional en los últimos nueve meses”.
“Producto de esas medidas, a partir del 10 de diciembre pasado, muchas familias chubutenses han descendido en la escala social a clases inferiores a las que habían accedido con esfuerzo propio, pero sobre todo con acompañamiento de medidas económicas protectoras de la población impuestas por el Estado Nacional”, agregó.
El proyecto de ley establece, en su parte resolutiva, no permitir que, en todo el territorio chubutense, las inmobiliarias puedan cobrar, a los inquilinos o potenciales inquilinos de un inmueble con destino a vivienda única, comisiones superiores al 4,15 por ciento de los contratos de alquiler que celebren.
Según el diputado madrynense José María Grazzini Paralelamente, “es necesario establecer reglas claras para que cada familia argentina perciba más tangible su derecho a una vivienda digna, como lo establece el Artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional, además de intervenir como Estado en proponer herramientas de protección de las economías familiares, lo que es equivalente a impulsar una mejor calidad de vida para quienes forman una parte importante de la población”.
Además, en su proyecto establece que no sólo los perjudicados pueden presentarse ante las oficinas provinciales o municipales de Defensa del Consumidor, sino que lo puede informar un tercero u otro corredor inmobiliario. En esas oficinas, tendrán derecho a recibir asesoramiento adecuado y gratuito, además de tener garantizada una intervención inmediata sobre el caso que exponga.