Así surge de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. 

En la comparación interanual, en cambio, se advierte un descenso en ambas mediciones, ya que en los primeros tres meses de 2025 la pobreza se ubicaba en 31,4% y la indigencia en 6,9%.

Por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se observaron en Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

La indigencia alcanzó sus valores más elevados en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Así, la cantidad de argentinos en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, períodos que resultan comparables porque no tienen el efecto del aguinaldo.

“La evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025″, remarcó la consultora ExQuanti.

Para Agustín Salvia, director del ODSA, hay seis motivos que explican el deterioro durante los primeros meses del año:

1. Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento de 11,6% y la Total de 9,6%, mientras que el índice salarial total lo hizo en 8,6%. Los salarios registrados crecieron todavía menos (7%). De este modo, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia
2. Debilitamiento del mercado de trabajo como factor de reducción de la pobreza. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación subió 1,1 puntos y la informalidad, 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas
3. Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. En términos nominales, exhibieron un alza de 35,6% interanual, algo por encima de las canastas, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442. La mejora promedio no se distribuyó de manera homogénea y resultó insuficiente para muchos hogares vulnerables
4. Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 —en buena medida por la comparación con la fuerte recesión de comienzos de 2024— a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4%. El crecimiento continuó, pero a menor ritmo y sin traducirse en una expansión generalizada de los ingresos laborales
5. Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como servicios públicos— quedan subrepresentados
6. Mayor presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales y de ingresos

El ODSA sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento se traduzca en empleos productivos, protegidos y mejor remunerados. 

De momento, no hay señales de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, en un marco en que la economía esta “partida”: mientras el agro, la energía y la minería presentan avances mes a mes, el comercio, la industria y la construcción, sectores intensivos en mano de obra, continúan anotando retrocesos.

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Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, mejoras sociales y desigualdades persistentes”, la pobreza medida por ingresos bajó al 36,2% en el tercer trimestre de este año. La cifra contrasta con la Encuesta Permanente de Hogares – Total urbano (EPH) del Indec, que para el mismo período situó la pobreza en torno al 28%. En la indigencia la diferencia es sólo de décimas: la universidad habla de 5,9%, mientras que el organismo, de 5,6%.

El documento se publica, además, en un contexto marcado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del instituto oficial en medio de tensiones internas por la actualización del IPC y el recambio de metodologías.

Un reporte de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) realizado por el econometrista Martín González-Rozada, ya había mostrado que, con una canasta de consumo actualizada la pobreza habría sido del 33,2% en el tercer trimestre de 2025, frente al 26,9% estimado por Capital Humano.

El estudio advierte que el proceso de estabilización convive con un 46,1% de la población bajo “estrés económico”. Este indicador habla de quienes, a pesar de no ser técnicamente pobres, perciben que su dinero es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación se agravó en un mercado de trabajo precarizado (más cuentapropistas y monotributistas).

El límite de la mejora

La diferencia estadística entre la UCA y el organismo oficial radica en la representatividad de las muestras. Al respecto, Agustín Salvia, coordinador del ODSA-UCA, destacó que, pese a las discrepancias, ambas fuentes confirmaron una mejora real respecto de 2023 y 2024. No obstante, el especialista introdujo un matiz central de la economía doméstica: el indicador de ingresos no llega a captar plenamente el mayor peso de los gastos en servicios —tarifas de luz, gas y transporte— que hoy condicionan y “licúan” el presupuesto de los hogares.

Para la UCA, la caída de la inflación y la recomposición parcial de los salarios profundizaron el sendero descendente de la indigencia. Sin embargo, los investigadores subrayaron que la mejora podría estar “sobreestimada” por la falta de actualización de las canastas básicas, que no terminan de capturar el cambio en la estructura de gastos de las familias. 

Al mismo tiempo, identificaron la existencia de un “piso crónico de privaciones estructurales” que afecta a los sectores de clase media baja y baja, debido especialmente a la “falta de oportunidades de movilidad social a través de empleos de calidad”.

La paradoja del empleo y el crecimiento

Al analizar la evolución de los últimos doce meses, el documento indicó que, si bien el PBI mostró un repunte interanual del 3,5% al cierre de 2025, esta mejora no se tradujo de forma equitativa en el mercado de trabajo. “El crecimiento se concentró en sectores de capital intensivo como el agro y la minería, mientras que la industria y el comercio, grandes generadores de empleo, han mostrado un rezago”, explicaron los autores.

Esta dinámica, explicó la UCA, profundizó una “recomposición desigual” de los ingresos: mientras los trabajadores registrados del sector privado recuperaron terreno, los sectores informales quedaron atrapados en un esquema de ingresos bajos y nula seguridad social.

En este contexto, la estructura laboral argentina exhibe una anomalía: el desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos (en torno al 7%), pero la calidad de la ocupación se deterioró.

El documento reveló que el crecimiento del empleo en la transición 2024-2025 fue traccionado por el sector informal y el trabajo independiente no calificado. “Estamos ante una sociedad laboriosa, pero crecientemente más precarizada”, señaló Salvia.

El estrés social

El estudio volvió a poner el foco en el “piso estructural” de la exclusión en el país. Indicó que, a pesar de los ciclos de crecimiento, la indigencia no perforó el 5% y la pobreza se estancó en un umbral del 25% desde hace dos décadas. A este núcleo duro se sumó un dato: el 46,1% de los argentinos vive en hogares con “estrés económico”.

Este indicador de estrés es particularmente crítico en los hogares con niños y adolescentes, indicaron. 

Mientras que la protección social y las jubilaciones “contuvieron la vulnerabilidad” en los adultos mayores, ”la infantilización de la pobreza sigue siendo la deuda más pesada de la transición”. En los estratos más bajos, 7 de cada 10 personas sufren, según la casa de estudios, esta “percepción de privación permanente, lo que agrava las brechas de capital humano hacia el futuro”.

El informe también indagó en las percepciones subjetivas. Según afirmó, existe un “marcado” sentimiento de movilidad descendente respecto a la generación anterior: el 43,4% de los encuestados cree estar peor que sus padres. Este “malestar psicológico”, asociado a síntomas de ansiedad y depresión, afecta a casi 3 de cada 10adultos, potenciado por la inseguridad alimentaria que todavía alcanza al 18,7% de los hogares.

Sin embargo, según afirmó la universidad en el documento, en el actual escenario político-económico, persiste una “reserva de esperanza”. 

Un 82,2% de la población mantiene expectativas positivas de que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades. Para la UCA, esta confianza es una “apuesta a futuro” que sostiene el consenso social sobre el programa de estabilización, aunque el informe concluyó con una advertencia: si la mejora macro no logra perforar el núcleo de la informalidad con la generación de empleo de calidad y reducir así el estrés diario de las familias, el alivio actual podría ser percibido apenas como una “tregua transitoria” en un largo ciclo de decadencia.

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El dato surge de la última medición elaborada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que muestra una mejora estadística tras el pico del 44,7% en 2023, pero advierte que la recuperación es parcial, frágil y no implica —por ahora— un cambio estructural en las condiciones de vida.

Según el documento Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición, la reducción está asociada a la estabilización de precios posterior al ajuste de fines de 2023.

No obstante, la UCA advierte que una parte importante de la baja registrada en 2025 no responde solo a una mejora real, sino también a un cambio metodológico: al mejorar la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, las cifras oficiales tienden a mostrar una caída exagerada respecto de 2023.

La pobreza bajó, pero sin romper los pisos históricos

Los datos de la UCA confirman queel ajuste de 2023-2024 generó un deterioro abrupto del bienestar económico. Tanto la pobreza como la indigencia alcanzaron valores que no se veían desde la pandemia. La pobreza llegó al 44,7% en 2023 y luego descendió hasta 31,8% en 2025.

Aunque esa caída representa una mejora significativa, la UCA enfatiza que no se trata de una recuperación robusta.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, explicó: “No importa quién gobernó durante todo este periodo: hay un proceso agotado, un modelo que tenía déficit en producción, inversión y creación de empleo pleno. Se agotó desde lo productivo, lo económico y lo social”.

El informe enfatiza que la Argentina arrastra un problema estructural: la pobreza nunca perforó el piso del 25% en dos décadas, incluso en ciclos de crecimiento. Por su parte, la indigencia, que había trepado a 11,2% en 2023, bajó a 6,8% en 2025, aunque permanece por encima de niveles previos a la recesión de 2018-2019.

El 71,8% del estrato muy bajo sigue siendo pobre

Los resultados de 2025 revelan desigualdades marcadas entre estratos socioeconómicos:

• Medio alto: hay un 3,5% de pobreza
• Medio bajo: hay un 28,4% de pobreza
• Bajo: hay un 57,1% de pobreza
• Muy bajo: hay un 71,8% de pobreza

Es decir, siete de cada diez personas del estrato más vulnerable continúan bajo la línea de pobreza, a pesar de la mejora global.

El informe muestra además que la pobreza crónica —es decir, quienes fueron pobres en 2024 y siguen siéndolo en 2025— afecta a 29,9% de los hogares, una cifra elevada que se concentra en los estratos “bajo” y “muy bajo”.

Infancia: la pobreza llega a 58,9% en los hogares con niños

La brecha entre hogares con y sin niños vuelve a mostrarse como una de las más persistentes y estructurales dentro de las mediciones de la UCA. En 2025, mientras la pobreza en los hogares sin menores a cargo alcanza el 35,2%, en aquellos donde hay niños trepa al 58,9%.

La indigencia también golpea con mayor fuerza a la infancia: llega al 14,9%, lo que implica que casi uno de cada seis niños vive en hogares que no logran cubrir siquiera la canasta alimentaria mínima.

Según el informe, la niñez constituye “el grupo más expuesto a las oscilaciones del ciclo económico” y, al mismo tiempo, uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad intergeneracional.

Esto significa que las crisis económicas no solo afectan más a los hogares con menores, sino que profundizan desventajas que luego se trasladan a la vida adulta, cerrando oportunidades y consolidando trayectorias de exclusión que se repiten década tras década.

El capítulo introductorio del informe sostiene que la Argentina atraviesa una transición compleja. Salvia describió así el momento político-económico actual: “Aparece la crisis de ese modelo agotado y la emergencia de un nuevo modelo libertario.Es un gobierno proinversión y proexportación, un cambio evidente de paradigma. Pero no está consolidado“.

Para el director del ODSA, el país se encuentra en una etapa donde lo viejo ya fue desarmado, pero lo nuevo todavía no existe: “Hasta acá es la expresión de un deseo. Se está desarmando lo viejo, pero no se está construyendo lo nuevo”.

Este diagnóstico coincide con los datos de pobreza e indigencia: mejoran, pero no cambian la estructura social.

Mercado laboral: alta informalidad y caída del empleo pleno

El mercado laboral atraviesa uno de los procesos más delicados del período. Entre 2024 y 2025 se redujo la tasa de empleo, se profundizó la caída del trabajo de calidad en los sectores de menores ingresos y se consolidó una estructura altamente precarizada en la que el 51,6% de los trabajadores no realiza aportes a la seguridad social.

Durante la presentación del informe, Agustín Salvia fue tajante al describir este fenómeno: “En Argentina no crece el desempleo: no hay empleo. No hay inversión y no crece el empleo decente“.

Según el director del Observatorio, lo que efectivamente aumenta es el universo de trabajos irregulares y mal remunerados: “Lo que sube son las changas, los empleos marginales, los vendedores ambulantes, los limpiavidrios. Es el autoempleo de subsistencia”.

Ese tipo de inserciones laborales, sumadas al desempleo abierto, representan hoy alrededor del 34% de la fuerza de trabajo urbana, una proporción que —advirtió Salvia— continúa en ascenso.

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El relevamiento señaló que, incluso quienes tienen empleo formal, la inseguridad alimentaria alcanza al 7%, una cifra que refleja cómo el deterioro del poder adquisitivo y la precariedad laboral impactan en distintos ámbitos.

El informe de la UCA se basó en la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que analizó la situación de los hogares urbanos en todo el país entre 2017 y 2024. Los resultados muestran que la precariedad laboral, los bajos ingresos y las desigualdades estructurales siguen siendo factores clave para explicar por qué miles de trabajadores no pueden alimentarse bien.

Según el estudio, la alimentación adecuada es parte de las condiciones de trabajo dignas. Su deterioro refleja problemas más profundos vinculados con los ingresos y la falta de protección social.

La diferencia entre tener un empleo registrado o no es abismal. Quienes no realizan aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria más de cuatro veces superiores. La precariedad laboral -empleos informales, sin estabilidad ni cobertura- se asocia directamente con una mayor vulnerabilidad.

Esto confirma que el problema no se limita a la falta de empleo, sino que está directamente relacionado con la calidad del trabajo y los derechos laborales.

El relevamiento también muestra fuertes diferencias según el nivel educativo y la condición socioeconómica. En los hogares con bajo nivel de instrucción o en situación de pobreza, la inseguridad alimentaria supera el 30%. En cambio, entre los trabajadores con estudios universitarios, cae al 4%.

Para la UCA, estas desigualdades profundizan un círculo de exclusión: a menor educación y menor ingreso, peor alimentación y más dificultades para sostener la productividad y la salud.

Las brechas regionales también son marcadas. Las tasas más altas de inseguridad alimentaria se registran en el conurbano bonaerense y en el interior del país, mientras que la Ciudad de Buenos Aires presenta los valores más bajos. El informe advierte que el desarrollo territorial y la infraestructura económica inciden directamente en el acceso a los alimentos.

Por otro lado, el estudio destaca el rol de los sindicatos: los trabajadores afiliados presentan mejores indicadores de seguridad alimentaria que los no afiliados, gracias al acceso a convenios colectivos, paritarias y beneficios complementarios.

Sin embargo, los subocupados, los empleados informales o quienes trabajan jornadas reducidas son los más afectados.

Las diferencias de género y edad también son relevantes: las mujeres y los jóvenes asalariados registran mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres y los adultos mayores.

Para la UCA, estos datos confirman que la alimentación debe entenderse como parte del derecho al trabajo digno. El informe advierte que las políticas públicas deberían integrar la agenda alimentaria con las de empleo, ingresos y protección social para revertir una situación que ya afecta a miles de trabajadores en todo el país.

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