La representante de los pasivos enfatizó que el problema es la omisión del pago de la obligación patronal, no el aporte personal ya descontado a los trabajadores.

Si bien la resolución estructural depende del ingreso de dinero (que aún no se ha concretado en el momento de la entrevista), se están realizando gestiones en el nivel local para mitigar el impacto: se está instruyendo a los afiliados para que, en casos urgentes de falta de medicación, guarden facturas para gestionar reintegros.

Sobre la denuncia penal, indicó a Radiocracia que “hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en este caso agravado por la profesión del ministro y por su antecedente de haber sido presidente del instituto”.

En tanto acerca de la investigación solicitada, indicó que “había pedido varios puntos que se investigaran nuestras cuentas a ver si había ingresado ese dinero, la obligación del empleador, que se auditen para ver si salió en algún momento ese dinero”.

Del destino del aporte, en tanto, enfatizó que “cualquiera que haya sido el destino de ese dinero ya estás hablando de un delito porque ese dinero tiene un destino específico una vez que es descontado”.

“No cumplieron con la ley. Y además la ley plantea claramente que tanto los aportes y las contribuciones del empleador deben ser, y la constitución, además la constitución, deben ser utilizados para los cines que fueron creados. No se pueden delegar”, determinó.

Finalmente, Contreras hizo alusión a la situación en farmacias (a afiliados) señalando “que en el caso de que no pueda conseguir y tenga el dinero, que es muy difícil también a esta altura del mes, no se olvide pedir facturas porque sí, en esta circunstancia particular, se están haciendo los reintegros”.

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Molina destacó que el sistema actual se basa en un contrato obsoleto de más de 20 años que genera un ahogamiento financiero para las farmacias, obligadas a financiar el capital de los medicamentos con plazos de pago muy largos (15 a 30 días) mientras deben afrontar sus propios compromisos.

Aunque la dispensación del medicamento no se prohíbe, el afiliado debe afrontar el costo sin la cobertura hasta que se regularice la situación, según confirmó el directivo a Radiocracia. Hay optimismo de que el pago correspondiente a agosto se acredite pronto, lo que permitiría empezar a regularizar los pagos de septiembre. A medio plazo, el Colegio busca negociar un nuevo contrato que se ajuste a la realidad económica actual.

Suspensión del Servicio: “Nosotros emitimos un comunicado el día viernes que se levantaba el corte en la parte de alto costo, las dispensas, los medicamentos oncológicos, citostáticos, inmunológicos… eso se levantó y se está entregando con normalidad a partir del viernes a última hora y sábado y hoy en virtud de las negociaciones que llevamos a cabo…”.

Deuda: “Les deben todavía parte de agosto, ya está vencido septiembre… Estamos a mitad de diciembre y deberían haber pagado septiembre y el primero de diciembre”.

Solvencia de las Farmacias: “El contrato es absolutamente perimido, es un contrato obsoleto que tiene más de 20 años, en los cuales las farmacias no están en condiciones de soportar financieramente todo lo que está ocurriendo con un grado de financiamiento muy alto”.

Impacto al Afiliado:  “La dispensa del medicamento está asegurada como tal al afiliado que vaya, pero obviamente se le va a cobrar sin la cobertura. Esa cobertura se lo va a tener que exigir después a la obra social, pero el medicamento está asegurado, no es que se está prohibiendo la dispensa”.

Solución Inmediata: “En principio, a partir de hoy, estamos esperando la resolución y que mañana esté impactado en los bancos, por lo menos el libramiento de dinero como para poder abonar lo que se debe en el mes de agosto y esta semana empezarían a pagarse tiempo”.

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La causa principal es la retención indebida de aportes patronales (el 9% del agro) por parte del Ministerio de Economía provincial durante cuatro meses, afectando a cerca de 135.000 beneficiarios con cortes de servicio.

Ante la falta de pago, el Frente intimó al gobierno y la vocal Rosa Contreras prepara una denuncia penal. Belcastro también criticó el desorden en la conducción del Instituto y las falencias de la ART provincial, señalando que el problema fundamental es la falta de orden y respeto a la autarquía del ente por parte del Ejecutivo.

El principal conflicto radica en que el Gobierno provincial lleva cuatro meses reteniendo el 9% que corresponde al aporte patronal del sector agropecuario, fondos que deberían girarse directamente a la caja del Instituto.

“Hace como cuatro meses que retienen un 9%, el que tiene que corresponder a la obra social… El gobierno aumentó en forma unilateral sin discutir el aporte de los trabajadores tanto en su aporte personal como en su aporte personal, llevándolo de 4,5 a 6 y de 6 a 9 en el aporte patronal, que redundando son todos aportes del trabajador”, disparó.

Y señaló en diálogo con Radiocracia que, si bien Economía sí está girando los aportes descontados al personal, la retención del aporte patronal ha generado un desorden y ha vuelto a poner al Instituto en una mora importante con farmacias y médicos, revirtiendo el ordenamiento logrado tras la intervención anterior.

Desorden institucional y denuncia judicial

El representante enfatizó que la provincia “no está ordenada” y que la falta de fondos impacta directamente a los 65.000 afiliados directos (casi 135.000 con grupo familiar) que hoy sufren cortes en las prestaciones.

El Frente, a través de la vocal por los pasivos, Rosa Contreras, ya intimó al gobierno mediante Carta Documento para que abone la deuda. “Si esto no ocurre en un plazo perentorio, por lo menos por parte de la vocal de los pasivos, Rosa Coya tiene armada una presentación de denuncia penal en la Fiscalía contra el gobierno por retención indebida de aportes que corresponden al Instituto”, determinó.

Además, advirtió que los farmacéuticos podrían iniciar acciones judiciales. Belcastro también mencionó el desorden en la cúpula directiva, con tres presidentes cambiando en menos de un año, lo que dificulta la gestión y el respeto a la autarquía del organismo.

El problema de la ART y el coseguro

Otro punto crítico es la existencia de la ART Chubut, creada por una ley del gobierno, que no estaría cumpliendo con la prestación básica (accidentes menores no cubiertos).

Respecto a los servicios, Belcastro mencionó que existe una discusión sobre el llamado “mal llamado coseguro”, que en realidad son plus que aplican algunos médicos por encima del coseguro que sí perciben.

“Una cuestión que hay que también discutir es, bueno, es el mal llamado coseguro, cuando en realidad es un plus que aplican algunos médicos por arriba del coseguro que sí perciben”, enfatizó.

A pesar del panorama, Belcastro manifestó su apoyo a las acciones judiciales iniciadas por la vocal Contreras y el vocal activo, esperando que se resuelva la situación. Subrayó que el impacto económico de los trabajadores de Chubut afecta directamente al comercio local, como las farmacias.

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Las denuncias abarcan irregularidades financieras, como así también relacionadas con prestaciones facturadas que no habían sido realizadas, encuadradas en la figura de «fraude en perjuicio de la administración pública», según lo determinado por el Artículo 174, inciso 5 en función del artículo 172 del Código Penal.

Los profesionales denunciados por haber incurrido en este tipo de prácticas son, entre otros, una psiquiatra, un cardiólogo y un traumatólogo, y las denuncias también alcanzan a procedimientos irregulares detectados en varios centros de diagnósticos por imágenes, uno de ellos en Trelew y otro en Esquel.

«Un acto de Justicia»

Al respecto, Torres sostuvo que «en su momento, tomamos la decisión de intervenir el Instituto, en primer lugar para normalizarlo y que se hicieran las elecciones y que el ISSyS contara con autoridades legitimadas por los socios» y agregó que «cuando comenzamos a ver que en la obra social se habían disparado algunas prestaciones en los últimos años, y empezamos a analizar cuáles eran las consecuencias, entendimos que era necesario ir a fondo, por eso quiero agradecer a Sergio Wisky y a todo el equipo de trabajadores y auditores, que lograron un resultado económico importante, el cual no solo se verá reflejado en prestaciones, sino en un acto de Justicia».

«Quienes vienen robando hace mucho tiempo a la obra social y, por ende, a sus afiliados, van a tener una implicancia penal por primera vez en mucho tiempo», advirtió el mandatario provincial, destacando que este tipo de comportamiento se acentuó en las últimas gestiones, «con total impunidad».

Los casos detectados por la auditoría «son muchos», aseguró también Torres, remarcando que «hablamos de un ahorro fiscal de más de $1.000 millones, solamente en esta primera instancia».

«Son delincuentes»

En otro orden, el titular del Ejecutivo provincial criticó «el nivel de impunidad con el que se manejaban algunos prestadores, que por cierto más que ello, son delincuentes» y describió que «un vecino fue a una farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza, y allí le preguntaron si iba a retirar el Clonazepam que tenía recetado, el cual en realidad nunca había pedido, ni siquiera tomado».

«Esta psiquiatra truchaba las firmas para retirar psicotrópicos, sin siquiera haber atendido a ese supuesto paciente», detalló.

«También, tenemos el caso de un cardiólogo que literalmente internó a un paciente, el cual tenía que hacerse un cateterismo, pero luego le informaron que no era necesario; esta persona pidió su historia clínica y en la misma no solamente figuraba que lo habían operado cuando nunca había tenido una intervención quirúrgica, sino que esa prestación se había facturado y cobrado a Seros», sentenció Torres.

«Le robaron a todos los chubutenses»

Por otra parte, el Gobernador hizo referencia a otra de las denuncias que surgieron a partir de la auditoría: «Un centro de imágenes de Trelew ‘truchaba’ las órdenes de un traumatólogo de la misma localidad. Y en un caso todavía más grosero, un centro de imágenes de la ciudad de Esquel utilizaba una metodología similar, pero en este caso, todavía más grave porque no solo había sobreprestación, con más de 1.700 tomografías truchas, sino que también se falsificaba la firma del auditor de Seros», explicó.

«Esto pasó durante muchísimo tiempo, y si solo por haber detectado estos casos hemos tenido un ahorro de más de $1.000 millones de pesos, cabe preguntarnos cuánto le han robado gestiones anteriores a nuestra obra social», puntualizó Torres.

A su vez, el mandatario provincial señaló que «no queremos que esto quede solamente en una auditoría médica o en correr a un prestador de la obra social: hicimos las denuncias penales correspondientes y haremos las que correspondan, porque queremos que esos prestadores que estafaron a la provincia y que le robaron a todos los chubutenses, pierdan su matrícula y vayan presos».

Casos denunciados y sumarios internos

Por su parte, el presidente del ISSyS, Sergio Wisky, explicó el origen de la investigación, enmarcado en la administración de las finanzas del Instituto y en la transparencia de los procedimientos: «Nos pusimos dos focos: por un lado, analizar los gastos, y por el otro determinar cómo podíamos estabilizar financieramente a la obra social».

«Hay evidencia de cómo se deben usar los recursos para cuidar a nuestros pacientes, y lo cierto es que hoy hay mucha angustia en pacientes y colegas, algunos de los cuales han utilizado su capacidad para afectar individualmente a quien le cometieron un fraude con su firma o tratamiento», expuso el titular del Instituto.

«Detectamos casos de sobreprestaciones y a esos prestadores se les dio de baja, pero también están los casos graves que hemos denunciado; y otros internos que se encuentran en etapa de sumario, y que implicaban un perjuicio económico para la obra social», sostuvo Wisky, advirtiendo que «acaso una de las consecuencias más graves es que un lugar como el Instituto, que debe generar confianza en el paciente, generaba desconfianza; por eso hoy tenemos el desafío de tomar decisiones que incomoden, pero que son necesarias, adecuadas y las que cada afiliado nos reclama».

«Hemos mejorado los ingresos y egresos, y actualmente hemos podido comenzar a pagar en tiempo y forma a nuestros prestadores a 60 días, cuando en anteriores gestiones y cuando asumimos, dicho plazo era de 120 días», destacó el titular del Instituto, agregando que «hemos logrado estabilizar el gasto, incluso con el caso de un solo medicamento que hace cuatro meses pagábamos un 74% más caro, hoy nos permite ahorrar $511 millones por mes; y con ese ahorro hemos podido mejorar algunas prestaciones, y diseñando otras que luego implementaremos».

A su turno, el procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, explicó los alcances de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a partir de los casos denunciados: «La obra social es de los afiliados, y somos muchos en esta provincia. En consecuencia, cuando algún ‘vivillo’ comete un delito que perjudica a la obra social, perjudica a todos. Y los delitos de corrupción afectan gravemente todo el entramado social, ocasionando un daño que muchas veces no se ve, pero que es infinitamente mayor al que puede ocasionar cualquier delito común», expresó el funcionario del Poder Judicial.

Facturas apócrifas

Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por nuestro código penal sustantivo.

En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizo facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención medica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.

Por otro lado, de la Auditoria Medica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos. Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto.

Dichas conductas, reprochables moral y éticamente, comprometen no solo la confianza de los afiliados con el sistema, sino también la confianza de la sociedad con las instituciones de salud, y en apariencia configuran delitos penales tipificados por el Código Penal.

Los delitos por los cuales fue denunciada la médica psiquiatra son «falsificación de documentos privados» (art. 292 C.P.); «fraude en perjuicio de la administración pública» (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.); y «uso indebido de identidad» (Art. 296 C.P.), sin que se descarte la posibilidad de comisión de otros tipos penales en su calidad de autora, conforme el Artículo 45 del Código Penal.

Engaño a un paciente

Otro de los casos relevados y denunciados tiene como denunciado a un cardiólogo, quien de acuerdo a la investigación, del 26 al 29 de noviembre de 2024, habría cometido una serie de hechos penados por el Código Penal.

En su calidad de profesional de la salud, y prestador de servicios del Instituto de Seguridad Social y Seguros, el profesional declaró y consignó en la foja quirúrgica de un paciente que había realizado un procedimiento percutáneo, lo que conlleva una intervención médica invasiva, cuando en realidad dicho procedimiento, según surge de las pericias realizadas por Auditoria Médica, nunca se realizó.

Esto reviste aun mayor gravedad, ya que dicho accionar se llevó a cabo a través del engaño al paciente, quien ingresó a la clínica, permaneció en una habitación, y horas después se le informó que no fue necesario realizar el procedimiento por el cual está siendo ingresado al instituto médico. Sin embargo, al solicitar copia de su historia clínica, el paciente detectó que el procedimiento en cuestión había sido registrado como “realizado”, con todas las formalidades correspondientes.

Es así como el afiliado decidió realizar la denuncia en la obra social y se puso a disposición de las autoridades de la misma, a efectos de ser revisado por los auditores médicos, quienes constataron la inexistencia de dicho procedimiento.

Este comportamiento en apariencia contrario a las normas que rigen la ética profesional, así como también tipificado el Código Penal, tuvo un impacto económico sobre las arcas de la obra social ISSyS, así como también para el erario público provincial, sin mencionar la vulneración a la confianza del paciente, quien fue engañado respecto a su atención médica.

Las calificaciones legales encuadradas en la denuncia son «falsificación de documentos públicos/privados» (art. 292 C.P.); «fraude en perjuicio de la administración pública» (Art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.) y la posible comisión de otros tipos penales en calidad de autor, por parte del profesional y hasta entonces prestador del ISSyS.

Irregularidades en prescripciones

Uno de los casos más graves denunciados, apunta al accionar de un traumatólogo que habría indicado más de 1.700 prescripciones, entre ellas imágenes, materiales y prácticas médicas, superando por un margen significativo a los diez traumatólogos principales de la provincia en este tipo de indicaciones.

Este accionar configura el mayor porcentaje de gastos de la obra social respecto de prescripciones en imágenes, y ante esta situación, la obra social Seros resolvió dar de baja al profesional en su calidad de prestador, tras haber confirmado las irregularidades, las cuales se consideró causaron «daños económicos de relevancia a la obra social, de tal magnitud que aún no se han podido cuantificar».

Falsificación de la firma de un auditor

Otro de los hechos de mayor gravedad fue detectado en noviembre de 2024. Según el informe elaborado por la Auditoría Médica del ISSyS, un centro de diagnóstico por imágenes de Esquel habría utilizado el sello y la matrícula de uno de los médicos auditores de la entidad, sin su consentimiento. Ello, para la prescripción de estudios médicos, en su mayoría resonancias magnéticas.

La cantidad de estudios realizados de manera irregular ascendieron a 159, generando un impacto negativo en las arcas de la obra social, equivalente a $21 millones.

A su vez, se configuró una notoria falta de controles internos por parte de los auditores y responsables de ISSyS, quienes no detectaron, o bien al hacerlo, no corrigieron las maniobras en tiempo y forma, permitiendo un accionar contrario a la normativa vigente.

En este caso, los delitos encuadrados en la denuncia son el de «falsificación de documentos públicos/privados» (art. 292 C.P.); «fraude en perjuicio de la administración pública» (Art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.), sin que se descarten otros posibles tipos penales en calidad de autor para la persona denunciada.

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