En diálogo con Radio Chubut, indicó: «En el mes de febrero del año pasado, el Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia en la que se ponía en conocimiento esta circunstancia donde inicialmente a través de una red social se comenzó a llevar este ofrecimiento vinculado con la adjudicación de casas construidas por el Ministerio Provincial de la Vivienda».

«Se publicaba un número de teléfono y la gente dirigió sus consultas donde se le indicaba que en realidad se estaba intentando generar una cooperativa para la construcción de la vivienda y en esos términos el interesado debía abonar una suma de 100 mil pesos», sostuvo.

Y agregó: «Los damnificados fueron 594 por este valor de 100 mil pesos cada uno de ellos, los consideramos damnificados de este delito justamente por el prejuicio patrimonial que han tenido».

«Luego de la publicación en redes sociales, después el contacto era personal a través de un llamado telefónico donde se le explicaba lo que indiqué, se le hacia conocer esta posible conformación de ente cooperativo», explicó.

Y detalló: «Con este crecimiento exponencial, captó a los primeros que mostraban mayor interés, y comenzó asignar funciones de relevancia, entonces Vanesa Fita salió de estos grupos de WhatsApp como administradora y colocó a estas otras tres personas, que trasmitían información, realizaban reuniones y captaban nuevos interesados, esta maniobra adquiere esta característica de defraudación piramidal».

Al ser la imputada hermana de aquel entonces funcionario municipal, «el ardil complementario desplegado del ministerio entendió que se trata de una influencia mentida, por el vínculo biológico».

Finalmente, sostuvo que las otras personas implicadas «fueron estas que prestaron esta colaboración a Vanesa Fita, en la administración de los grupos de WhatsApp».

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“Hablamos de varios temas. Ellos han tenido que reconocer muchas cosas que desde el bloque fuimos denunciando, porque de hecho hasta hubo cambios en la comisión de adjudicación. Así que ahora quedaron en mostrarnos el listado de publicaciones que se hicieron”, explicó el diputado Di Filippo al finalizar el encuentro realizado hoy en Rawson.

“Lo bueno de este es que tienen que empezar a corregir las cosas, porque lo que se hace mal y es injusto, es injusto para la gente. Hoy reconocieron que hay 34 mil personas esperando vivienda y hay solamente 300 casas para entregar, por eso en este marco es cuando uno más justo tiene que ser con la gente”, continuó.

El diputado remarcó que desde el Frente para la Victoria se está armando un proyecto para que la gente pueda acceder a un crédito. “La idea es que parte de los fondos del IPV vayan directamente a la gente para que tenga créditos y uno se haga su casa con un sistema de certificación, como era antes. Porque estoy seguro que un laburante con 500 mil pesos se hace su casa, no hacen falta un millón y medio”, dijo.

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Muchas de las resoluciones firmadas por Trovant fueron otorgadas en plena campaña electoral y según confirmó el actual presidente del IPV, Alejandro Bertorini, “sobre las mismas se comenzó a realizar una tarea de evaluación y se detectaron muchos casos cuyos beneficiarios no cumplían con los requisitos legales exigidos”.

En ese orden, sostuvo que “muchos de éstos casos evidencian un claro fin electoral sin importarles que detrás de cada falsa promesa electoral engañaron a personas, que en definitiva creyeron que iban a tener su vivienda”.

“Lo cierto es que estas resoluciones no tienen sustento en una necesidad especial que lo encuadre como un caso extremo que justifique esta excepción. No se trata de que este gobierno no se las quiera adjudicar, sino porque no corresponde”.

Bertorini señaló que “la mayoría de las resoluciones se otorgaron entre la segunda quincena de septiembre y hasta pocos días antes de las elecciones, incluso el viernes 23 de octubre de 2015, es decir el último día hábil antes del comicio también firmó resoluciones Trovant”.

Según se supo, una de esas resoluciones que firmó Trovant benefició al padre de un ex alto funcionario que ocupó lugares clave en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi, y que fue denunciado cuando comenzó la actual gestión.

La resolución fue firmada el 23 de octubre del año pasado por el ex titular del IPV y reservó una unidad habitacional a designar en el barrio 48 Viviendas, cuando está persona ya había sido adjudicataria de una vivienda a través del IPV

El actual titular del IPV sostuvo que “claramente se otorgaron con un fin electoral y político a pocos días de las elecciones, y en algunos casos como el mencionado con un claro interés personal de un ex funcionario del gobierno anterior”.

CAMBIOS EN LA DIRECCION SOCIAL

Por otra parte, en el día de ayer el presidente del IPVyDU, Alejandro Bertorini, se reunió con el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, y se resolvió producir cambios en la Dirección Social del Instituto, que hasta ahora ocupaba Albanita Mardones y que será reemplazada por la capitalina Ivana Papaiani.

Papaiani hasta el momento cumplía funciones en el Ministerio de la Familia y Promoción Social, que conduce Leticia Huichaqueo.

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