En este sentido, señaló que “en el transcurso de esta semana se culminó con la formulación de la acusación pública en el caso fiscal 133.162, caratulado el Lattanzio Omar Luis sobre denuncia estafa”.

“De esta forma se formuló en los términos del artículo 291 la acusación formal para Vanesa Elizabeth Fita, Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mansilla, María Victoria Curán y Lara Camila Páez, que fueron las personas sobre las cuales se había autorizado la investigación penal preparatoria”, dijo.

Asimismo, aclaró: “En concreto, el Ministerio Público Fiscal ha podido acreditar que entre el mes de abril del 2023 y el mes de febrero del año 2024, la imputada Vanesa Elisabeth Fita, simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas y de un grupo de personas, fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales -aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la ciudad-, ofreció a un grupo de personas la adjudicación o adquisición de casas del Instituto Provincial de la Vivienda, sin contar con los recursos materiales suficientes y la autorización legal que la amparara”.

“En concreto, esa maniobra perjudicó a aproximadamente 594 personas, el hecho consistió básicamente en exigirle a los eventuales interesados la entrega de una suma de 100.000 pesos de manera inicial y luego el pago de las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda”, afirmó.

En este marco, destacó: “Luego de que estas personas efectuaran esa contraprestación dineraria, eran ingresadas a diferentes grupos de WhatsApp y luego, desde allí, se les iba suministrando información, manteniendo vigente el engaño durante todo el tiempo que duró la maniobra, con la promesa de llevar adelante las futuras entregas de las viviendas”.

“En esos términos, el Ministerio Público pudo verificar a través de las diferentes cuentas bancarias y billeteras que se han podido peritar una erogación superior a los 60 millones de pesos, y una afectación a 594 personas”, aseveró.

“Se ha reunido evidencia suficiente gracias a  las 80 denuncias de estas 594 personas damnificadas que describieron cómo fue la maniobra, las comunicaciones que se mantenían a través de los grupos de WhatsApp y las reuniones informativas que se iban llevando al solo efecto, de mantener vigente el engaño”, expresó.

A su vez, el fiscal reconoció: “Para que puedan darse una idea, el volumen total de información bancaria que ha sido digitalizada a los efectos de la presentación comprenden unos 700 gigabytes”.

“Se ha requerido y se ha autorizado durante la investigación el levantamiento del secreto fiscal para las personas sospechadas. También se extrajo gran cantidad de información de los teléfonos que fueron secuestrados en los diversos allanamientos a las personas involucradas”, resaltó.

“Se ha requerido también información al Instituto Provincial de la Vivienda, vinculada con estas personas denunciadas y cuál era su situación en el IPV”, enfatizó.

“Se descartó que haya funcionarios involucrados en la maniobra, por lo que en base a la evidencia reunida, se pudo detectar unas 400 maniobras acreditadas en su totalidad, es decir, con comprobantes de depósitos y transferencias bancarias cotejados con los ingresos que se verificaron en las diferentes cuentas bancarias y billeteras virtuales”, explicó.

“También se pudo determinar que efectivamente la señora Vanesa Fita como las restantes consortes de causa no contaban con la capacidad económica para llevar adelante ese emprendimiento. En concreto -de acuerdo a la información suministrada por ARCA- en el periodo de sospecha estas mujeres no desempeñaban actividades económicas -al menos en la economía formal- y naturalmente esto contrastado con las sumas importantes de dinero que traficaron por esas cuentas, refuerza la hipótesis de que efectivamente estos dineros eran provenientes de esa maniobra fraudatoria”, detalló.

“En este caso en función a la imputación y como fue autorizado por parte del juez interviniente, hemos requerido la realización de un juicio por jurados para dilucidar las responsabilidades penales de estas personas. En adelante lo que quedará llevar adelante ese control de la acusación fiscal y luego resolverse la situación procesal de las personas acusadas”, confirmó.

“Ahora en principio lo que corresponde es que se corra traslado de la acusación a las defensas, que se designe el juez que intervendrá en la audiencia intermedia y posteriormente en el juicio por jurados, y luego de eso recién corresponderá la fijación de un juicio por jurados”, ratificó.

“Las imputaciones como ya lo había señalado, consisten en para la señora Vanesa Fita, estafa por calidad simulada de influencia mentida, al menos en  594 hechos en concurso real en calidad de autor, para la señora Lucía Lorena Miranda, idéntica calificación legal, solo que lo hemos acreditado en 130 hechos, para la señora Gisela Belén Mansilla en al menos 4 hechos, para la señora Lara Camila Páez en al menos 300 hechos, y para la señora María Victoria Curán en al menos 400 hechos, todas ellas en calidad de partícipe necesario, es decir, que han brindado una colaboración necesaria o indispensable para que esta maniobra defraudatoria se lleve del modo en el que se llevó a cabo”, proclamó.

“La única autora de la maniobra defraudatoria es la señora Fita”, aclaró.

“El Ministerio Público Fiscal entiende que al menos para el caso de Fita y las personas que tienen una mayor trascendencia en la imputación, habrá de corresponderle penas de cumplimiento efectivo, solo hay un caso en el que eventualmente podría resolverse su situación procesal de una manera distinta”, indicó.

Finalmente, Cárcamo concluyó: “Si se llegará a determinar la responsabilidad penal, quedará emergente la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios, la investigación pudo determinar casi desde el principio es que estas sumas de dinero, tan pronto como fueron ingresadas a estas cuentas bancarias, inmediatamente fueron distribuidas. En la actualidad las imputadas no tienen solvencia económica para afrontar estas circunstancias. Solo como dato: para cuando el Ministerio Público Fiscal requirió inicialmente información de estos 60 millones, solo quedaba disponible menos de 100.000 pesos”.

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La acción judicial, impulsada por los propios adjudicatarios, apunta a presuntos delitos de estafa al erario público, incumplimiento de deberes y severas irregularidades estructurales que comprometen la habitabilidad de 630 propiedades. “Es una denuncia penal muy grave por haber construido 630 viviendas con estudios de suelo que decían que el suelo firme está entre 5 y 7 metros de profundidad y construyeron a ras del suelo; alguien tendrá que dar las explicaciones del caso”, aseveró el vocero de los damnificados, Jesús Ruiz.

La acusación no solo alcanza a los ejecutores de las obras, sino también a los organismos encargados de los controles técnicos y las habilitaciones urbanísticas. Según denunció el frentista, la Municipalidad otorgó finales de obra pese al incumplimiento flagrante del código de edificación local. “Pedimos al IPV el libro de órdenes y servicios para darle trazabilidad a la obra, ver en qué momento estuvieron los inspectores controlando y qué se certificó, cuáles fueron los montos iniciales y los finales para ver si hubo sobreprecios”, explicó Ruiz, añadiendo además irregularidades financieras en la facturación del organismo: “En la Cámara de Diputados contestaron que la cuota se compone de la vivienda, infraestructura y el terreno, pero el terreno lo pagamos cada uno en la Municipalidad y tenemos libre deuda; nos están cobrando dos veces”.

En el marco de las demandas por daños y perjuicios previamente iniciadas, peritos designados por el Superior Tribunal de Justicia constataron el progresivo deterioro de los inmuebles. “Un ingeniero de la justicia elevó informes donde dice que estas casas se van a colapsar y que no sabe en el futuro cuántas van a quedar en estado de ruina inhabitable”, alertó el referente vecinal. Asimismo, los damnificados señalaron que el terreno sobre el cual se emplazó parte del trazado fue rellenado con material inadecuado. “Rellenaron con arcilla expansiva en vez de suelo seleccionado; entonces la deformación no para y el daño es progresivo”, sostuvo.

La situación cotidiana de las familias afectadas se agravó sensiblemente en los últimos meses debido a los movimientos asentacionales del terreno, que provocan rajaduras severas y el descuadre de las aberturas. “Hay familias que no pudieron salir de la casa para ir a trabajar porque la puerta principal no abre; las ventanas quedan trabadas y las membranas de los techos se vuelan porque las pegaron solo en los bordes”, detalló Ruiz. Ante este escenario, los vecinos aguardan el avance de la causa penal para determinar las responsabilidades de los funcionarios e inspectores intervinientes y exigir un resarcimiento integral por los perjuicios económicos y materiales sufridos.

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En diálogo con Radio Chubut, indicó: «En el mes de febrero del año pasado, el Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia en la que se ponía en conocimiento esta circunstancia donde inicialmente a través de una red social se comenzó a llevar este ofrecimiento vinculado con la adjudicación de casas construidas por el Ministerio Provincial de la Vivienda».

«Se publicaba un número de teléfono y la gente dirigió sus consultas donde se le indicaba que en realidad se estaba intentando generar una cooperativa para la construcción de la vivienda y en esos términos el interesado debía abonar una suma de 100 mil pesos», sostuvo.

Y agregó: «Los damnificados fueron 594 por este valor de 100 mil pesos cada uno de ellos, los consideramos damnificados de este delito justamente por el prejuicio patrimonial que han tenido».

«Luego de la publicación en redes sociales, después el contacto era personal a través de un llamado telefónico donde se le explicaba lo que indiqué, se le hacia conocer esta posible conformación de ente cooperativo», explicó.

Y detalló: «Con este crecimiento exponencial, captó a los primeros que mostraban mayor interés, y comenzó asignar funciones de relevancia, entonces Vanesa Fita salió de estos grupos de WhatsApp como administradora y colocó a estas otras tres personas, que trasmitían información, realizaban reuniones y captaban nuevos interesados, esta maniobra adquiere esta característica de defraudación piramidal».

Al ser la imputada hermana de aquel entonces funcionario municipal, «el ardil complementario desplegado del ministerio entendió que se trata de una influencia mentida, por el vínculo biológico».

Finalmente, sostuvo que las otras personas implicadas «fueron estas que prestaron esta colaboración a Vanesa Fita, en la administración de los grupos de WhatsApp».

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“Hablamos de varios temas. Ellos han tenido que reconocer muchas cosas que desde el bloque fuimos denunciando, porque de hecho hasta hubo cambios en la comisión de adjudicación. Así que ahora quedaron en mostrarnos el listado de publicaciones que se hicieron”, explicó el diputado Di Filippo al finalizar el encuentro realizado hoy en Rawson.

“Lo bueno de este es que tienen que empezar a corregir las cosas, porque lo que se hace mal y es injusto, es injusto para la gente. Hoy reconocieron que hay 34 mil personas esperando vivienda y hay solamente 300 casas para entregar, por eso en este marco es cuando uno más justo tiene que ser con la gente”, continuó.

El diputado remarcó que desde el Frente para la Victoria se está armando un proyecto para que la gente pueda acceder a un crédito. “La idea es que parte de los fondos del IPV vayan directamente a la gente para que tenga créditos y uno se haga su casa con un sistema de certificación, como era antes. Porque estoy seguro que un laburante con 500 mil pesos se hace su casa, no hacen falta un millón y medio”, dijo.

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Muchas de las resoluciones firmadas por Trovant fueron otorgadas en plena campaña electoral y según confirmó el actual presidente del IPV, Alejandro Bertorini, “sobre las mismas se comenzó a realizar una tarea de evaluación y se detectaron muchos casos cuyos beneficiarios no cumplían con los requisitos legales exigidos”.

En ese orden, sostuvo que “muchos de éstos casos evidencian un claro fin electoral sin importarles que detrás de cada falsa promesa electoral engañaron a personas, que en definitiva creyeron que iban a tener su vivienda”.

“Lo cierto es que estas resoluciones no tienen sustento en una necesidad especial que lo encuadre como un caso extremo que justifique esta excepción. No se trata de que este gobierno no se las quiera adjudicar, sino porque no corresponde”.

Bertorini señaló que “la mayoría de las resoluciones se otorgaron entre la segunda quincena de septiembre y hasta pocos días antes de las elecciones, incluso el viernes 23 de octubre de 2015, es decir el último día hábil antes del comicio también firmó resoluciones Trovant”.

Según se supo, una de esas resoluciones que firmó Trovant benefició al padre de un ex alto funcionario que ocupó lugares clave en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi, y que fue denunciado cuando comenzó la actual gestión.

La resolución fue firmada el 23 de octubre del año pasado por el ex titular del IPV y reservó una unidad habitacional a designar en el barrio 48 Viviendas, cuando está persona ya había sido adjudicataria de una vivienda a través del IPV

El actual titular del IPV sostuvo que “claramente se otorgaron con un fin electoral y político a pocos días de las elecciones, y en algunos casos como el mencionado con un claro interés personal de un ex funcionario del gobierno anterior”.

CAMBIOS EN LA DIRECCION SOCIAL

Por otra parte, en el día de ayer el presidente del IPVyDU, Alejandro Bertorini, se reunió con el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, y se resolvió producir cambios en la Dirección Social del Instituto, que hasta ahora ocupaba Albanita Mardones y que será reemplazada por la capitalina Ivana Papaiani.

Papaiani hasta el momento cumplía funciones en el Ministerio de la Familia y Promoción Social, que conduce Leticia Huichaqueo.

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