Los datos se desprenden de un informe elaborado por la Fundación Libertad. En el otro extremo de la tabla aparecen Santiago del Estero y San Luis, con $138 millones y $174 millones, respectivamente, por legislador.

El estudio relevó además la cantidad de empleados por legislador (en los casos en los que los autores del informe pudieron acceder a los datos). 

Si se promedia todo el país, hay 26 trabajadores por legislador. Corrientes lidera ese ranking, ya que con 3245 trabajadores tiene 72 empleados por cada legislador; le siguen Chaco, con 70, y Catamarca, con 54. En el otro extremo se encuentran San Luis, con dos empleados por legislador; Córdoba, con ocho, y Entre Ríos, con nueve.

El análisis incluye también una comparación con las comunidades autónomas españolas, que tienen un presupuesto total, al 31 de diciembre del 2024 (cuando la mayoría de los presupuestos provinciales ya estaban aprobados) de 453 millones de euros equivalentes a $483.486 millones, muy por debajo de los $1.416.672 millones de la Argentina, según destaca el informe, que subraya que el costo local es 2,9 veces superior al español. En la comparación, cada legislador español cuesta $399 millones versus los $1182 millones de uno provincial argentino.

Siempre según el reporte de la Fundación Libertad, un legislador tucumano cuesta seis veces más que un legislador jujeño, una brecha considerable entre dos provincias con un número similar de representantes (tienen 49 y 48 legisladores, respectivamente). Una diferencia similar se da entre Catamarca (57 legisladores) y San Luis (52), la primera casi que sextuplica el costo por legislador de la segunda. Otra disparidad considerable se registra entre Chaco (32) y Misiones (40) -destaca el informe-, cuyos gastos por legislador son de $2492 y $988 millones, respectivamente. El costo en Santa Fe es cuatro veces el de Córdoba (69 y 70 legisladores).

El presupuesto destinado al Poder Legislativo en las provincias representa, en promedio, 1,34% del total; las tres jurisdicciones que están por encima de ese porcentaje son Tucumán (3,9%), Catamarca (2,7%) y Corrientes (2,1%).

El informe detalla que la mayor parte del gasto legislativo es de personal, entendiendo como tal, además del sueldo de los legisladores, los costos de personal correspondientes a secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. 

Consigna que, para las provincias en las que fue posible obtener este dato, la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 86%. Las provincias con mayor ratio son Santa Cruz (97,2%), Río Negro (95,1%) y Corrientes (93,2%). Los menores son los de Santa Fe (64,6%), San Luis (73,9%) y Neuquén (75,7%).

La Fundación Libertad analizó a qué equivalen los recursos destinados a las legislaturas. Por ejemplo, los $134.037 millones de Tucumán representan 44% de sus gastos de capital ($303.923 millones). Los $159.694 millones de CABA equivale al 20% de lo proyectado para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($792.139 millones) y los $142.138 millones de Santa Fe son el 64% de la suma presupuestada para Ministerio de Desarrollo Productivo ($220.405 millones).

En Catamarca, el presupuesto legislativo de este año alcanza $58.167 millones, 2,4 veces mayor a lo previsto para el Ministerio de Desarrollo Social ($23.827 millones). En Chaco, los recursos destinados al funcionamiento de su legislatura más que duplica al gasto dirigido al Servicio Penitenciario Provincial.

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Con 132 legisladores en sus bancas, la oposición reunió la mayoría necesaria y aprobó por separado las insistencias a ambas normas, pese a los intentos del oficialismo de dilatar la votación. La decisión representa un fuerte revés para el Gobierno, que buscó frenar las iniciativas a través de negociaciones con gobernadores y anuncios de aumentos presupuestarios de último momento.

Qué establecen las leyes aprobadas

La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para médicos y personal de hospitales pediátricos, elimina el pago de Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y garantiza financiamiento mediante reasignación de fondos y reservas.

En tanto, el proyecto de financiamiento universitario fija una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología. También establece un aumento salarial inicial del 40,8% para docentes y no docentes, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

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