Durante su intervención, el fiscal afirmó que la imputada, “sabía que Angelito López tenía una afección respiratoria”, además de conocer que el menor presentaba mocos, decaimiento y que estaba expuesto a agua fría y sucia, situación que —según indicó— agravó el cuadro de salud.

A raíz de ello, explicó que la Fiscalía decidió modificar la calificación del hecho. “Ya no en carácter de una no actividad, sería un tipo omisivo, sino a un tipo comisivo”, expresó ante el juez.

Oribones remarcó que “nadie puede morir por bronconeumonía de un día para el otro” y cuestionó la versión brindada por Altamirano y González, quienes habían señalado que el niño estuvo “en perfectas condiciones” hasta la noche anterior a su muerte.

“Dijeron que el 4 de abril había estado nadando y jugando en una pileta Pelopincho hasta las 12 de la noche. Es mentira”, lanzó el fiscal, quien aseguró que testigos señalaron que el niño estaba siendo castigado y que era “absolutamente imposible” que se encontrara en buen estado de salud.

Asimismo, indicó que entrevistó a la pediatra que recibió a Ángel el 5 de abril, a quien consultó sobre la sintomatología y la posibilidad de que una enfermedad respiratoria pudiera provocar la muerte en menos de seis horas.

“Lo que nos dicen Altamirano y González es que fue una muerte súbita. No existe muerte súbita cuando hablamos de una bronconeumonía. Esto es una muerte agónica”, sostuvo.

Según explicó, el niño presentaba síntomas previos compatibles con dificultades respiratorias, como disnea y falta de oxigenación, además de un marcado estado de decaimiento que —afirmó— ya había sido advertido semanas antes.

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En este sentido, señaló que “el Ministerio Público Fiscal, en función a las pruebas que fue recabando, puede hacer una ampliación del objeto de la investigación, es decir, describir otros hechos que no fueron descriptos, y en función a eso, acomodar la calificación legal”.

“Recordemos que nosotros tenemos una investigación en curso, que día a día se van recolectando elementos de convicción, elementos de prueba, y eso hace que pueda variar la responsabilidad de cada uno de los imputados”, dijo en diálogo con Radiocracia.

Asimismo, aclaró que “el objeto de la audiencia es darle el derecho a los imputados para que se defiendan”.

“Hay muchos elementos de prueba que robustecen la responsabilidad penal de estos dos asesinos. Lo cierto es que se está trabajando de manera cuidadosa para que la prensa reciba información fehaciente”, indicó.

En este marco, destacó: “Hay incluso una declaración en Cámara G, de una menor, que fue propuesta por la defensa, que describió situaciones de maltrato infantil extremo, tanto por parte de Altamirano, como de González”.

“El Ministerio Público está trabajando de una manera extremadamente eficiente, yo eso lo resalté desde el primer día. Cuando nosotros nos constituimos como querella teníamos prueba que el MPF no tenía cuando aperturó la investigación”, explicó.

A su vez, añadió: “Por eso nosotros, con esa prueba, decimos que Mariela Altamirano es responsable de un delito de comisión, lo maltrató a Ángel desde que el niño tenía pocos meses de vida”.

“El único momento en donde no lo maltrató fue cuando estuvo viviendo con Luis y Lorena. Y también está probado en el expediente que González tenía prácticas extremadamente violentas, que él las justificaba diciendo que era para educarlo y corregirlo”, enfatizó.

“Lo cierto es que Ángel estuvo sometido a una violencia inusitada por parte de estos dos asesinos. Y eso es lo que entiendo que está acreditado en el expediente”, afirmó.

“Ángel fue sometido a castigos como baños con agua fría, tironeos en el cuero cabelludo, golpes en la cabeza. Acá se cometió un homicidio con dolo eventual”, aseveró.

Finalmente, Castillo concluyó: “Nosotros mantenemos nuestra acusación que tiene que ver con que hay un homicidio agravado por el ensañamiento y por la alevosía en una coautoría funcional, es decir, los dos -Altamirano y González- le dieron muerte a Ángel mediante sus prácticas violentas”.

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Según detalló el letrado, durante la audiencia se expusieron situaciones de violencia que se remontan incluso al embarazo. “Luis relató que, en medio de ataques de celos, ella se golpeaba la panza estando embarazada de Ángel”, sostuvo en diálogo con El Comodorense Stream. 

Castillo indicó que el testimonio del padre permitió reconstruir un contexto de violencia sostenida en el tiempo. “Él dijo que esto lo veía venir. Antes de separarse ya había episodios de agresión”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que existen denuncias previas, incluyendo una de 2023, donde se advertía sobre la conducta de la mujer. También mencionó un episodio ocurrido cuando el niño tenía un año: “Fue a pedir comida y volvió con la boca llena de sangre por un golpe”.

El abogado remarcó que, según los testimonios, la madre tenía episodios de ira en los que rompía objetos y agredía al niño. Además, se incorporaron antecedentes de otras relaciones donde también se habrían registrado hechos de violencia hacia otro de sus hijos.

Para Castillo, estos elementos configuran “una conducta violenta sostenida”, por lo que sostuvo que la madre “tuvo un rol directo en la muerte de Ángel”, en contraste con la hipótesis fiscal que la ubica en una posición de omisión.

“No se trata solo de omisión. Ambos tenían un accionar de maltrato infantil que terminó con este desenlace”, remarcó.

Asimismo, el letrado cuestionó el accionar de organismos estatales y profesionales que intervinieron en el caso, al considerar que no se actuó a tiempo pese a las señales de alerta.

Finalmente, confirmó que se realizará una movilización en reclamo de justicia. “Lo más doloroso es que hubo advertencias y no fueron escuchadas”, concluyó.

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En medio de versiones cruzadas sobre las condiciones de alojamiento de los imputados, Pettinari aclaró que ambos se encuentran bajo resguardo y sin contacto con otros internos. “Tanto el señor Maicol González está en la Alcaidía y se encuentra a resguardo, no tiene convivencia con el resto del pabellón”, indicó.

Respecto a la madre del menor, Mariela Altamirano, detalló que fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial, donde también permanece en un sector protegido. “Está en el IPP y se encuentra a resguardo por decisión de la autoridad administrativa. No ha sido golpeada”, aseguró, desmintiendo versiones sobre posibles agresiones.

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