Según explicó el letrado, fue Luis López —pareja de Lorena y papá de Ángel— quien le contó que encontró a la mujer en una situación crítica y la trasladó de inmediato al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada bajo atención médica.

“Lorena es una persona que lamentablemente intentó atentar contra su propia vida”, expresó Castillo, quien además indicó que, de manera preliminar, la mujer habría ingerido clonazepam y otras sustancias, por lo que los profesionales le realizaron un lavado gástrico y continúan monitoreando su evolución.

El abogado sostuvo que tanto Lorena como Luis atraviesan un profundo sufrimiento desde el asesinato de Ángel y aseguró que vienen soportando meses muy difíciles.

“Es una mujer sumergida en el dolor. Los que estamos constantemente detrás de esta búsqueda de justicia sabemos que viven de una manera muy preocupante. No solo por la desgracia que les tocó vivir, sino también porque sienten que existen intereses cruzados en una ciudad corrupta. Eso hace que la lucha sea mucho más compleja y difícil”, manifestó.

Castillo remarcó que la principal víctima fue Ángel, pero advirtió que el impacto de la tragedia continúa golpeando a toda la familia.

“Ellos son los que quedan acá con una pérdida que atraviesa a toda la sociedad. Como ocurre con muchas víctimas, tienen que seguir visibilizando el caso para que no caiga en el olvido y muchas veces terminan quedando solos”, afirmó.

Asimismo, señaló que intentó volver a comunicarse con Luis López, quien le había enviado un mensaje de audio, aunque hasta el momento no obtuvo una nueva respuesta debido a la situación que atraviesa la familia.

Por último, el abogado cuestionó la falta de herramientas para asistir a las víctimas y reclamó mayor acompañamiento psicológico e institucional.

“Tenemos recursos muy precarios para contener a las víctimas. El sistema es disfuncional y eso agrava aún más el sufrimiento de quienes buscan justicia”, concluyó.

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Durante la manifestación, Lorena Andrade expresó su desilusión por la escasa convocatoria de vecinos y sostuvo que la comunidad debería acompañar este tipo de reclamos. “La justicia se pide acá. No hay que esperar que te pase para venir”, afirmó.

La mujer recordó que el niño fue trasladado al hospital el 5 de abril con muerte encefálica y falleció al día siguiente, el 6 de abril, a las 23:40. “Son días muy difíciles. Mañana se cumplen cuatro meses de que él no está y seguimos sin respuestas”, manifestó.

Andrade aseguró que la familia continúa sin conocer novedades sobre la situación de las personas involucradas y cuestionó que, según indicó, algunos de los funcionarios señalados continúan desempeñando sus tareas. “Nos preguntan si sabemos algo de ellos y la verdad es que no sabemos nada. Lo último que supimos es que todos siguen en sus puestos como si nada”, expresó.

Asimismo, criticó las restricciones durante las manifestaciones frente a organismos públicos. “Nos cierran los portones como si los delincuentes fuéramos nosotros por venir a pedir justicia con una bandera y unos globos blancos”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, apuntó contra distintos actores que intervinieron en el expediente y aseguró que existieron múltiples fallas en el sistema. Mencionó informes de instituciones educativas que, según afirmó, advertían sobre situaciones que afectaban al niño y que no habrían sido debidamente consideradas.

También cuestionó el desempeño de integrantes de la Defensoría y del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, mencionó al abogado David Cifuentes y al fiscal Martín Cárcamo, a quienes responsabilizó por la falta de avances en la investigación y por no haber dado respuestas a la familia.

“Vamos sumando nombres. Pareciera que a todos les gusta cobrar, pero no trabajar”, expresó Andrade, al tiempo que reclamó explicaciones por parte de quienes intervienen en la causa.

Finalmente, sostuvo que su lucha no se limita al caso de Ángel, sino que busca visibilizar otras situaciones que, según afirmó, tampoco encuentran respuestas. 

“Yo no me pienso acostumbrar a que maten a una criatura y no se haga nada, ni a que desaparezcan personas o haya familias que sigan esperando justicia”, concluyó.

La familia reiteró el pedido para que la investigación avance y convocó a la comunidad a acompañar los reclamos en busca de justicia por Ángel.

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Mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa por parte de quien ha sido designado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que intervenga el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), luego de haber transcurrido los 60 días de plazo establecidos para elaborar el informe correspondiente.

En este marco, los padres de la víctima, Lorena Andrade y Luis López, se presentaron en el piso de El Comodorense Stream para detallar las novedades, decisiones y los pedidos de la defensa de los imputados, manifestando un profundo malestar con el devenir de la investigación y apuntando directamente contra el desempeño de un fiscal.

Las declaraciones de los padres: “Fue escuchar una defensa terrible”

Durante la entrevista periodística, Lorena Andrade describió el impacto inicial al notificarse de las últimas medidas procesales en el ámbito judicial:

“Al principio fue tristeza e impotencia, justo cuando nos enterábamos estábamos en fiscalía. Estábamos hablando con el fiscal Cárcamo. Fue todo ahí de golpe, la cantidad de estupideces que nos dice y las respuestas que fuimos a buscar no la obtuvimos. Fue escuchar una defensa terrible. Solo tenía el legajo de la psicóloga, no había pedido cámaras. No se acercó con buenos términos esta mujer (La psicóloga), estando Ángel ahí en terapia”.

Por su parte, Luis López coincidió en que los planteos de la defensa de los imputados buscan dilatar el proceso judicial en el tiempo: “A mí que quieren estirarlo más el caso, ya el juez de la primera instancia había negado esa petición porque él tenía en claro que estaba ya todo dicho. Es para entorpecer la causa. Estos defensores no saben nada, no saben leer un estudio médico”.

Cuestionamientos a la Cámara y la imposibilidad de la cremación

La resolución de los jueces de cámara que hicieron lugar a los requerimientos de la defensa generó desconcierto en la familia. Al respecto, Andrade expresó:

“A mí dudas me genera estos jueces de cámara, porque el juez dijo bien claro por qué rechazaba y yo pensé que iba a seguir esa línea, y cuando dieron lugar todos escucharon. Un estudio médico no puede darle golpes a Ángel en la cabeza. Dos jueces no le pueden dar lugar a una estupidez tan grande”.

“Acá lo que pasa es que a Ángel lo vaciaron todo y lo digo así porque así lo tomamos nosotros, así lo vimos, y es necesario que la gente sepa. Que me expliquen por qué no lo podemos cremar. Era eso lo que yo necesito que me expliquen. Por todos los pedidos de la defensa, y quizás pueden pedir otro estudio, ¿qué más se le puede hacer?, ¿qué más necesitan?”.

En sintonía con este reclamo, Luis López remarcó la urgencia de avanzar hacia el debate oral: “Es una burla, cuando estén los estudios queremos la audiencia para el juicio, todo se le dio a los defensores”.

Duras acusaciones contra un fiscal y el rol de Protección

De acuerdo con el testimonio de los padres, el fiscal deslindó de responsabilidades a los organismos de protección de la niñez.

Finalmente, respecto a una denuncia previa que involucra a una psicóloga y el estado actual de las pruebas de la fiscalía, los progenitores manifestaron: “No deberían estar trabajando, si ellos siguen ejerciendo es porque no se movió nada. Esa denuncia quedó en la nada”.

Lorena explicó: “Eso quedó en la nada, eso dijo el fiscal Cárcamo, no avanzó porque él no quiere hacer su trabajo. Fuimos nosotros a preguntar si había pedido la cámara del hospital. Lo único que tiene es el legajo de la psicóloga. Se quiso burlar en nuestra cara. Si el fiscal tiene algo que ver, voy a ir contra él”.

“A Ángel le viven faltando el respeto, como podemos seguimos y cada vez se suman más personajes, ahora tenemos al fiscal Cárcamo que es un desastre. Este fiscal no quiere hacer su trabajo, él no puede venir a pedirnos a nosotros que el abogado pida cambio de fiscal. 

Para el fiscal Cárcamo Protección no tiene la culpa, para él la única responsable es (Mariela) Altamirano. Yo no sé nada pero sé muy bien qué responsabilidad es de Protección. Ellos tenían que velar por el bienestar de mi hijo”, aseveró Luis López.

Finalmente, respecto a una denuncia previa que involucra a una psicóloga y el estado actual de las pruebas de la fiscalía, los progenitores manifestaron: “No deberían estar trabajando, si ellos siguen ejerciendo es porque no se movió nada. Esa denuncia quedó en la nada”.

Lorena explicó: “Eso quedó en la nada, eso dijo el fiscal Cárcamo, no avanzó porque él no quiere hacer su trabajo. Fuimos nosotros a preguntar si había pedido la cámara del hospital. Lo único que tiene es el legajo de la psicóloga. Se quiso burlar en nuestra cara. Si el fiscal tiene algo que ver, voy a ir contra él”.

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Durante su intervención, el fiscal afirmó que la imputada, “sabía que Angelito López tenía una afección respiratoria”, además de conocer que el menor presentaba mocos, decaimiento y que estaba expuesto a agua fría y sucia, situación que —según indicó— agravó el cuadro de salud.

A raíz de ello, explicó que la Fiscalía decidió modificar la calificación del hecho. “Ya no en carácter de una no actividad, sería un tipo omisivo, sino a un tipo comisivo”, expresó ante el juez.

Oribones remarcó que “nadie puede morir por bronconeumonía de un día para el otro” y cuestionó la versión brindada por Altamirano y González, quienes habían señalado que el niño estuvo “en perfectas condiciones” hasta la noche anterior a su muerte.

“Dijeron que el 4 de abril había estado nadando y jugando en una pileta Pelopincho hasta las 12 de la noche. Es mentira”, lanzó el fiscal, quien aseguró que testigos señalaron que el niño estaba siendo castigado y que era “absolutamente imposible” que se encontrara en buen estado de salud.

Asimismo, indicó que entrevistó a la pediatra que recibió a Ángel el 5 de abril, a quien consultó sobre la sintomatología y la posibilidad de que una enfermedad respiratoria pudiera provocar la muerte en menos de seis horas.

“Lo que nos dicen Altamirano y González es que fue una muerte súbita. No existe muerte súbita cuando hablamos de una bronconeumonía. Esto es una muerte agónica”, sostuvo.

Según explicó, el niño presentaba síntomas previos compatibles con dificultades respiratorias, como disnea y falta de oxigenación, además de un marcado estado de decaimiento que —afirmó— ya había sido advertido semanas antes.

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En este sentido, señaló que “el Ministerio Público Fiscal, en función a las pruebas que fue recabando, puede hacer una ampliación del objeto de la investigación, es decir, describir otros hechos que no fueron descriptos, y en función a eso, acomodar la calificación legal”.

“Recordemos que nosotros tenemos una investigación en curso, que día a día se van recolectando elementos de convicción, elementos de prueba, y eso hace que pueda variar la responsabilidad de cada uno de los imputados”, dijo en diálogo con Radiocracia.

Asimismo, aclaró que “el objeto de la audiencia es darle el derecho a los imputados para que se defiendan”.

“Hay muchos elementos de prueba que robustecen la responsabilidad penal de estos dos asesinos. Lo cierto es que se está trabajando de manera cuidadosa para que la prensa reciba información fehaciente”, indicó.

En este marco, destacó: “Hay incluso una declaración en Cámara G, de una menor, que fue propuesta por la defensa, que describió situaciones de maltrato infantil extremo, tanto por parte de Altamirano, como de González”.

“El Ministerio Público está trabajando de una manera extremadamente eficiente, yo eso lo resalté desde el primer día. Cuando nosotros nos constituimos como querella teníamos prueba que el MPF no tenía cuando aperturó la investigación”, explicó.

A su vez, añadió: “Por eso nosotros, con esa prueba, decimos que Mariela Altamirano es responsable de un delito de comisión, lo maltrató a Ángel desde que el niño tenía pocos meses de vida”.

“El único momento en donde no lo maltrató fue cuando estuvo viviendo con Luis y Lorena. Y también está probado en el expediente que González tenía prácticas extremadamente violentas, que él las justificaba diciendo que era para educarlo y corregirlo”, enfatizó.

“Lo cierto es que Ángel estuvo sometido a una violencia inusitada por parte de estos dos asesinos. Y eso es lo que entiendo que está acreditado en el expediente”, afirmó.

“Ángel fue sometido a castigos como baños con agua fría, tironeos en el cuero cabelludo, golpes en la cabeza. Acá se cometió un homicidio con dolo eventual”, aseveró.

Finalmente, Castillo concluyó: “Nosotros mantenemos nuestra acusación que tiene que ver con que hay un homicidio agravado por el ensañamiento y por la alevosía en una coautoría funcional, es decir, los dos -Altamirano y González- le dieron muerte a Ángel mediante sus prácticas violentas”.

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Según detalló el letrado, durante la audiencia se expusieron situaciones de violencia que se remontan incluso al embarazo. “Luis relató que, en medio de ataques de celos, ella se golpeaba la panza estando embarazada de Ángel”, sostuvo en diálogo con El Comodorense Stream. 

Castillo indicó que el testimonio del padre permitió reconstruir un contexto de violencia sostenida en el tiempo. “Él dijo que esto lo veía venir. Antes de separarse ya había episodios de agresión”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que existen denuncias previas, incluyendo una de 2023, donde se advertía sobre la conducta de la mujer. También mencionó un episodio ocurrido cuando el niño tenía un año: “Fue a pedir comida y volvió con la boca llena de sangre por un golpe”.

El abogado remarcó que, según los testimonios, la madre tenía episodios de ira en los que rompía objetos y agredía al niño. Además, se incorporaron antecedentes de otras relaciones donde también se habrían registrado hechos de violencia hacia otro de sus hijos.

Para Castillo, estos elementos configuran “una conducta violenta sostenida”, por lo que sostuvo que la madre “tuvo un rol directo en la muerte de Ángel”, en contraste con la hipótesis fiscal que la ubica en una posición de omisión.

“No se trata solo de omisión. Ambos tenían un accionar de maltrato infantil que terminó con este desenlace”, remarcó.

Asimismo, el letrado cuestionó el accionar de organismos estatales y profesionales que intervinieron en el caso, al considerar que no se actuó a tiempo pese a las señales de alerta.

Finalmente, confirmó que se realizará una movilización en reclamo de justicia. “Lo más doloroso es que hubo advertencias y no fueron escuchadas”, concluyó.

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En medio de versiones cruzadas sobre las condiciones de alojamiento de los imputados, Pettinari aclaró que ambos se encuentran bajo resguardo y sin contacto con otros internos. “Tanto el señor Maicol González está en la Alcaidía y se encuentra a resguardo, no tiene convivencia con el resto del pabellón”, indicó.

Respecto a la madre del menor, Mariela Altamirano, detalló que fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial, donde también permanece en un sector protegido. “Está en el IPP y se encuentra a resguardo por decisión de la autoridad administrativa. No ha sido golpeada”, aseguró, desmintiendo versiones sobre posibles agresiones.

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