La indagatoria de Cristina de Kirchner tuvo una consecuencia inmediata con impacto político, más allá de iniciar la ronda de citaciones por presuntos hechos de corrupción vinculados con la obra pública. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques pidieron que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública que habría sido cometido en la modificación de las condiciones de la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, cuya beneficiaria es la empresa Iecsa de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

Al respecto, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, afirmó al programa «Mañana Sylvestre», que se trasmite por Radio 10, que «en muchas obras Calcaterra es socio de Lázaro Báez», el empresario santacruceño apuntado en la causa por los contratos en obra pública adjudicados durante el kirchnerismo.

«Queremos que se investigue toda la obra pública», aseguró Beraldi y sostuvo que «Calcaterra es un empresario más importante que Lázaro Báez».

Puntualmente y a raíz de los señalamientos hechos por la exmandataria, los fiscales solicitaron la extracción de testimonios para denunciar un posible delito de acción pública. Será sorteada en el día de hoy para establecer qué juzgado será el encargado de analizar si existió o no un delito. La denuncia hace referencia a un decreto que autoriza modificaciones en «la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros» por $100.000 millones, de los cuales $40.000 millones corresponden a obras que estarían terminadas en 2016. Entre esos trabajos, se destaca el soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $45.000 millones en total.

Gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia será financiado por el Gobierno nacional a pesar que el contrato establecía que eran las empresas quienes debían disponer del dinero. En su declaración, Cristina aseguró que llamaba la atención que ningún fiscal hubiera dispuesto la investigación tras la decisión del Gobierno de Macri de direccionar la obra del soterramiento hacia uno de sus familiares. Los directivos de Iecsa ya fueron imputados por la Justicia en lo penal tributario luego de que la unidad fiscal de delitos contra la Seguridad Social estableciera la apropiación indebida de aportes de empleados de la firma por $8 millones.

«Si nosotros éramos una asociación ilícita, este Gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas», atacó Cristina y en cuanto al soterramiento del Sarmiento consideró que IECSA tiene el contrato para la obra porque el actual Gobierno firmó un decreto este año en el que reasumió el financiamiento por $45.000 millones cuando ello le correspondía, según el contrato, al sector privado.

Por la tarde, salió a cruzar a la expresidente el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. «Llaman la atención tantos errores e inexactitudes que son fácilmente demostrables. En 2007, según el pliego, la obra tenía que venir con propuesta de financiamiento de la empresa pero el tomador era el Estado argentino. Cuando firman el contrato entre el Gobierno de Cristina de Kirchner y la UTE, el pago de los certificados se realiza con fondos del Tesoro Nacional. En 2008, la expresidente saca un decreto en el cual le quita a la empresa cualquier tipo de financiamiento y se los transfiere a la Secretaría de Transporte aduciendo la crisis financiera», señaló.

El funcionario además aclaró que el decreto firmado por Gabriela Michetti en junio pasado para ampliar el presupuesto por $45 mil millones apunta a establecer «transparencia», ya que «para hacer la obra, la misma tiene que estar en el presupuesto por el costo total, independientemente de cómo se haga».

«Esta obra que fue anunciada varias veces y nunca se arrancó, la pusimos en funcionamiento y ya conseguimos financiamiento por mil millones de dólares a una tasa del 3,78% anual a 15 años con 5 de gracia. Sigue exactamente igual que el decreto y se está haciendo lo que no hicieron ellos en el financiamiento de esta obra», sostuvo Dietrich y retrucó: «Quizás la expresidente no recuerda que Lázaro Báez en 2003 no tenía empresa de construcción y le entregaron 2.200 millones de dólares siendo el principal constructor de vialidad, duplicando al segundo».

Vía: ámbito.com