En el marco del caso Ángel, crece la polémica por la actuación del abogado Roberto Castillo, luego de que surgieran cuestionamientos por su intervención sin matrícula local.

Al respecto, el abogado constitucionalista Raúl Heredia advirtió que impedir la actuación inmediata de un letrado elegido por las partes vulnera el derecho a defensa, una garantía fundamental establecida en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales.

Según explicó, los colegios profesionales pueden exigir la matriculación en su jurisdicción, pero ese requisito no puede convertirse en una barrera previa que impida la participación urgente de un abogado en una causa penal.

“El tribunal debe admitirlo de inmediato y luego solicitar que complete los requisitos administrativos correspondientes”, sostuvo el especialista, al señalar que lo contrario implicaría una violación al debido proceso.

Heredia recordó además que el artículo 92, párrafo 4 del Código Procesal Penal de Chubut, vigente desde 2006, contempla situaciones como estas, permitiendo la actuación inicial de abogados que aún no estén matriculados localmente, siempre que acrediten su habilitación profesional.

En ese sentido, remarcó que los imputados tienen derecho a elegir a su abogado defensor, incluso si proviene de otra provincia, y que impedir esa elección afecta directamente el principio de defensa en juicio.

Cuestionamientos al sistema judicial

Durante su análisis, el constitucionalista también señaló fallas en el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en el fuero de familia, al considerar que muchas veces no se realizan controles adecuados para verificar las condiciones en las que viven los menores.

Indicó que en algunos casos no se efectúan inspecciones domiciliarias ni evaluaciones socioambientales presenciales, lo que dificulta detectar situaciones de riesgo.

“No se puede hacer una encuesta socioambiental por teléfono. Alguien debe ir al lugar y verificar las condiciones reales”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que hechos graves como el caso Lucio evidenciaron la necesidad de reforzar los controles y la capacitación de los operadores judiciales, aunque advirtió que todavía persisten falencias estructurales en el sistema.