Días atrás el Banco Central anunció que, a partir de 2017, implementará una política de metas de inflación o Inflation Target (IT). Este esquema no es para nada novedoso, de hecho el primer país que la implementó fue Nueva Zelanda en diciembre de 1989, y hoy es utilizada tanto por economías en vías de desarrollo (Zambia, Kenia, Nigeria), como por economías emergentes (Colombia, Sudáfrica) y economías desarrolladas (Australia, Canadá, Finlandia, Suecia).

Pero no por ello la adopción de este marco deja de ser una apuesta de riesgo. El Gobierno nacional parece haber entendido que es imposible establecer una economía sustentable en el largo plazo si no se ataca la suba generalizada del nivel de precios. La inflación desalienta la inversión y estimula la colocación de capitales en instrumentos en moneda extranjera o desvinculados de la economía doméstica, efectos incompatibles con cualquier plan económico de largo plazo.

El esquema de IT es más un marco general de política monetaria que una política en sí. Ésta seduce por su simpleza y pragmatismo, donde la autoridad monetaria -fijando la estabilidad de precios como objetivo principal- realiza un anuncio público de cuál es la meta cuantitativa de inflación para un período determinado, y a partir de allí realiza ajustes continuos de sus políticas a los fines de cumplir con dicha meta.

Este simple esquema es un camino intermedio entre lo estricto y lo flexible, al determinar una suerte de discrecionalidad restringida al combinar un aspecto rígido (meta anunciada) con la flexibilidad de utilización de políticas monetarias para alcanzar dicha meta.

En un país donde se utilizó durante una década un sistema rígido como la convertibilidad, o un sistema absolutamente discrecional durante el último período, la adopción de la IT no deja de ser un aspecto interesante.

A su favor se puede argumentar que la experiencia demuestra que la utilización de un ancla de expectativas reduce significativamente la volatilidad del nivel de precios. También que la adopción de este sistema se traduce en mayores niveles de comunicación, transparencia y simpleza para los agentes económicos.

Si bien la meta del 17% para 2017 suena un tanto ambiciosa, lo cierto es que el mercado ha respaldado este anuncio, al colocar el Gobierno nacional días atrás $50.000 millones a 5 años al 18,5%.

Sin embargo, para que este sistema funcione se necesita principalmente un alto grado de independencia del Banco Central sobre la influencia del gobierno. Esto se traduce específicamente en el plano fiscal, para evitar que las políticas monetarias se vean influidas por las necesidades fiscales.

El riesgo de la apuesta se encuentra en aquellas variables que el Banco Central no maneja y que influyen en el nivel de precios, como las negociaciones salariales o el comentado plano fiscal, y en la ambiciosa meta fijada para el próximo año. El no alcanzarlas puede minar la credibilidad del sistema. Se sabe que en economía las expectativas son fundamentales, y con este sistema ellas se sostienen en la credibilidad de la autoridad monetaria.

VIA: ambito.com