El abogado de Patagonia Argentina, Jose Maria Ferreyra de las Casas, habló sobre el hecho de que la Justicia hizo lugar a la demanda judicial donde se reclama la nulidad de la licitación del transporte público.

En este sentido, señaló que “todos los actos del proceso licitatorio que fueron impugnados administrativamente, impugnaciones que luego fueron rechazadas por la municipalidad, han determinado su judicialización en una demanda que presentó Patagonia Argentina y que ayer fue declarada admisible para dar inicio al proceso”.

“Esto debe ser notificado a la Municipalidad en los próximos días y curiosamente, a pesar de que Patagonia Argentina no había pedido incluir en la demanda a la firma ganadora de la adjudicación, Grupo MR SRL, la Justicia consideró que tenía que estar dentro del juicio y lo incluyó en forma oficiosa”, dijo.

Asimismo, aclaró: “Con relación a la continuidad del servicio, la Municipalidad hizo un pedido a fines de la semana pasada sin fijar pretensiones, simplemente pedía una prórroga”.

“El día martes Paragonia Argentina presentó una propuesta, no de prórroga, sino de nueva contratación para cubrir esta brecha, con una serie de exigencias formales y condiciones. Se le dijo al funcionario que la recibió -el subsecretario de transporte- que no se iba a discutir esa propuesta en forma global, si la Municipalidad quería discutir algún punto en particular, debía señalarlo y sobre ese punto se realizaría la negociación”, indicó.

En este marco, destacó: “Ayer la Municipalidad comunicó que la oferta era inaceptable, dio unas razones legales que son muy estimulantes, lástima que no las observó para hacer su proceso licitatorio tan transparente y legal como ahora pretende presentarse”.

“Así que el tema de la prórroga quedó en manos de la Municipalidad. Nosotros no hemos recibido ninguna contrapropuesta, así que no sé,el Municipio tendrá alguna otra alternativa de prestar el servicio a partir del día lunes”, explicó.

A su vez, recordó: “Lo que demandó Patagonia Argentina es la nulidad de todos los actos de la adjudicación de la licitación en favor del grupo y todos los actos preparatorios y conexos, como el informe y dictamen de la Comisión de preadjudicación, la resolución de adjudicación al grupo y el rechazo de la impugnación que contra eso había interpuesto Patagonia Argentina. Todo esto lo tramita el fuero contencioso administrativo”.

“Patagonia no pretendió de ninguna manera interferir en el trámite de la licitación y tampoco pidió la suspensión de los efectos de esa adjudicación. Aclaro todo esto para que no se culpe a Patagonia Argentina de retrasar el procedimiento”, enfatizó.

“El juez no tiene un pedido de parte de Patagonia Argentina para intervenir en el proceso. Simplemente notificará en su momento a la Municipalidad y al Grupo MR si el procedimiento ha sido correcto o incorrecto. Si no se respetaron las normas legales, como dice y sostiene fundadamente Patagonia Argentina, tendrá que anular la licitación y ahí veremos qué es lo que hace la Municipalidad en ese caso”, añadió.

“Los procesos se hacen extensos cuando hay que producir pruebas testimoniales, peritajes, aquí no hay nada de eso, acá está todo en el expediente de la licitación. Esto va a ser bastante rápido”, afirmó.

También, manifestó que “el pliego dice que la empresa adjudicataria se hace cargo del personal. Aquí se produce una situación que afecta dirimentemente a Patagonia Argentina porque los parámetros objetivos de la licitación eran que resultaban necesarios 121 coches. Patagonia tiene 125, Grupo MR ofreció 130. Curiosamente, al día siguiente de adjudicarse la licitación, el secretario de Gobierno dijo que el servicio puede prestarse con 90-105 coches. Es decir, cambió las reglas de la licitación abierta y descaradamente. Ahora, el día 18, cuando trataron de firmar el contrato de concesión, que en realidad el documento que se presentó para la firma no era el contrato de concesión, sino el acta de iniciación de servicio, documento mucho más simple y que supone la existencia del contrato de concesión, que todavía no está firmado, ahí ya se habló de la iniciación del servicio con 95 coches. Eso significa que el Grupo MR absorbería la cantidad de personal necesaria para brindar el servicio con 95 coches y quedarían unas 100 personas sin absorber”.

“Obviamente, como eso no estaba previsto en el contrato, porque MR debió traer 121 coches por lo menos, Patagonia Argentina responsabilizará a la Municipalidad por todo el perjuicio que le cause esa falta de absorción”, resaltó.

“Si se anula el proceso y la Municipalidad ha avanzado firmando el contrato con el Grupo MR para que empiece a prestar el servicio, ante esa situación la anulación debe resolverse en daños y perjuicios que tendrá que pagar la Municipalidad. Lo dice la Constitución que, en ese caso, lo que tiene que ser demandados es la Municipalidad y los funcionarios que firmaron, que es el Intendente, el secretario de Gobierno y los miembros del Concejo que aprobaron la contratación irregular, todos ellos tendrán que pagar eso. Y Patagonia se va a ocupar, y lo ha puesto en el proyecto de nueva contratación que le ha enviado la Municipalidad, que es deber del Municipio, ante cada demanda, notificar al Tribunal de Cuentas -que es el encargado de instruir los sumarios de responsabilidad de los funcionarios- para que nadie diga el día de mañana que se olvidó de hacerlo”, recordó.

Finalmente, Ferreyra concluyó: “Los funcionarios deben responder con sus propios bienes, es lo que dice la Constitución, lo que corresponde. Si ellos rompen, lo que tienen que hacer es pagar ellos, no tienen por qué pagar los contribuyentes. Nosotros pagamos impuestos para solucionar los problemas y las necesidades de la infraestructura de la ciudad, no las tonterías que hacen los funcionarios”.