A contramano de los esfuerzos para reducir el gasto público y del ajuste económico, los senadores nacionales desde enero se aumentarán las dietas y cobrarán 9,5 millones de pesos mensuales, una cifra que está garantizada por la Ley de Enganche, que vincula los salarios de los legisladores con los de los empleados del Congreso.

Esta norma, que permite a los senadores nacionales aumentar sus dietas sin necesidad de una votación directa en el recinto del Congreso, refuerza la percepción de que una parte de la clase política, la llamada «casta», está completamente desconectada de la realidad del país.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien también preside la Cámara Alta, fue la encargada de poner en la agenda la cuestión del congelamiento de las dietas. Sin embargo, su pedido de prórroga para mantener los salarios congelados fue recibido con indiferencia y deslizó una crítica, sugiriendo que esperaba que los senadores “estuvieran a la altura de las circunstancias”.

Este aumento no solo genera un rechazo por lo exorbitante del monto, sino también por el momento en el que se produce. En medio de un ajuste fiscal promovido por el Gobierno de Javier Milei, que incluye recortes y un fuerte programa de reducción del gasto público, los senadores nacionales parecen estar blindados ante las políticas de austeridad.

De hecho, no parece haber una real voluntad dentro del Senado para debatir sobre un tema tan sensible, lo que alimenta la idea de que la «casta» política goza de privilegios que están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.

El hecho de que, mientras se recorta en áreas sociales y de bienestar, se permita un aumento tan significativo en las dietas de los senadores nacionales refleja la desconexión de la política. Si bien algunos propusieron un aumento que no supere la inflación, la cuestión de fondo sigue siendo la Ley de Enganche.

Cabe recordar que el sueldo de los senadores había subido en abril de 2024 de 1,9 millones a 7,87 millones de pesos brutos, con la actualización de agosto, superó los 9 millones y ahora ascenderá a los 9,5 millones de pesos.

Por si fuera poco, el Senado nacional no tiene previsto reunirse en lo que queda del año, por lo que la única forma de que el aumento se frene sería una resolución firmada por la vicepresidenta, prorrogando el congelamiento hasta marzo de 2025.